El Justicia de Aragón, Fernando García Vicente, ha calificado los proyectos de ley de Protección a la Infancia y la Adolescencia como algo "positivo e innovador", al ajustarse a las nuevas necesidades que tiene el menor hoy en día en ámbitos "como Internet, inmigración, violencia en el entorno familiar o adopción".

Así lo ha expresado García Vicente en declaraciones a los medios de comunicación realizadas en una jornada de análisis y debate sobre las mencionados proyectos, que se celebra este miércoles en la Sala Jerónimo Zurita del Edificio Pignatelli, miércoles, en la que especialistas del ámbito académico, de la Administración y de la asistencia social abordan los nuevos instrumentos de protección de menores.

El Justicia, encargado de presentar el acto, ha explicado que esta nueva legislación en tramitación "sustituye a una ley anterior del año 1996 contemplando las nuevas necesidades que han surgido en el intervalo de estos casi 20 años".

"Era difícil de imaginar hace dos décadas que nos pudiéramos enfrentar a problemas como Internet o que la violencia de género, un problema hasta entonces oculto, tuviese tanta repercusión o que hubiera tantas solicitudes de adopción", ha asegurado.

Por este motivo, García Vicente, ha opinado que los proyectos son a su entender "altamente favorables" al incluir puntos como la consideración del menor como un sujeto activo y no pasivo, la entrega de documentación oficial a los menores extranjeros que estén bajo tutela de la Administración o que se vea Internet como un lugar donde se cometen delitos".

Con respecto a otros asuntos, como la adopción, el Justicia ha apuntado que "flexibiliza la situación del menor para favorecer que se produzcan más procedimientos y aborda la relación del adoptante y la familia biológica dándole derechos al interesado a tener acceso a sus datos y favoreciendo su relación con hermanos y abuelos de su misma sangre".

Algunas de estas medidas, ha dicho, "ya se estaban llevando a la práctica en la Comunidad gracias al Gobierno de Aragón". En este sentido ha resaltado que la nueva norma ha venido a recoger lo que la jurisprudencia del Tribunal Supremo decía y lo que las distintas Comunidades Autónomas estaban haciendo".

La jornada

Esta jornada, organizada por la Universidad de Zaragoza (UZ) y el Gobierno de Aragón, ha comenzado con la intervención del propio Justicia de Aragón y de la directora gerente del Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS), Cristina Gavín.

Hasta el acto de clausura, en el que intervendrá el consejero de Sanidad, Bienestar Social y Familia del Gobierno de Aragón, Ricardo Oliván, se irán sucediendo distintas ponencias de fiscales, jueces o académicos, entre otros.

Así, algunas de las charlas versarán sobre 'El papel del fiscal de menores en la protección a la infancia, 'Los menores en situación de acogimiento y adopción' o 'Los retos de la Administración en la implantación de la nueva legislación de protección de menores'.

"un lujo de ponentes"

Una de las encargadas de organizar el acto, la profesora de Derecho Civil de la UZ, Aurora López, ha reconocido que "es un lujo poder contar con estos ponentes, al ser todos especialistas en diferentes ámbitos sobre lo concerniente al menor.

Sobre el motivo de la jornada, ha subrayado que "dada la incidencia que van a tener estos proyectos de ley en Aragón, hemos creído oportuno organizar un evento para tratar de forma crítica este asunto, dividiéndolo en bloques temáticos".

En su opinión, las normas son "demasiado centralistas ya que olvidan las competencias que tiene Aragón en derecho foral pero también es cierto que hace falta un marco uniforme", ha añadido.

Proyectos de ley

El Consejo de Ministros aprobó el pasado viernes 20 de febrero la remisión a las Cortes Generales de los Proyectos de Ley y de Ley Orgánica de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia.

Se trata de una reforma legislativa que da respuesta al compromiso de agilizar los procesos de acogimiento y adopción, además de mejorar la atención a la infancia en riesgo y a los menores víctimas de violencia. Su objetivo principal es garantizar la especial protección de los menores en todo el Estado y responder a sus necesidades actuales.