El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha condenado a la Comunidad de Madrid y a la compañía de seguros Zurich a indemnizar con 108.000 euros a un paciente psiquiátrico que, tras varios ingresos hospitalarios, se arrojó a las vías del Metro con la intención de quitarse la vida, sufriendo la amputación de su pierna derecha en diciembre de 2002.
Según informó hoy la Asociación el Defensor del Paciente (ADEPA), en 1993, el enfermo, J.L.G.F., fue diagnosticado de trastornos obsesivos compulsivos, patología por la que en 1994 tuvo que ser ingresado en el Hospital de La Paz.
En tratamiento desde 1994 a 2002
Desde 1994 hasta 2002, el enfermo pasa varias veces por el hospital Clínico San Carlos porque los síntomas de su trastorno se han agudizado. En todas estas ocasiones, el paciente es remitido a su centro de salud mental.
En diciembre de 2002, la familia de J.L.G.F. tiene que llamar al SUMA por el empeoramiento del paciente. Sin embargo, los servicios psiquiátricos determinan que no requiere tratamiento de urgencia, aunque sí perciben que el joven padece "un trastorno de personalidad grave y problemática desde el marco familiar".
Ante esta situación, los familiares del paciente entienden que los facultativos no están actuando correctamente ante la gravedad de la enfermedad, por lo que presentan varias hojas de reclamaciones en las que solicitan que sean los doctores López-Ibor y Yáñez Sáez quienes lo examinen, ya que conocen su evolución.
Intentó quitarse la vida
Según ADEPA, las reclamaciones de la familia fueron desatendidas y los servicios médicos dieron nuevamente el alta a J.L.G.F., quien, en diciembre de 2002 intentó quitarse la vida arrojándose a las vías del Metro, sufriendo la amputación de la pierna derecha en el accidente.
Tras el suceso, el enfermo fue evaluado psiquiátricamente y se llegó a la conclusión de que el hecho de haber perdido una pierna y la invalidez asociada a ella ha provocado la evolución "desfavorable" del paciente. Como consecuencia de los hechos, J.L.G.F. fue declarado afecto de gran invalidez por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales en 2003.
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