La consejera de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en funciones, María José Sánchez Rubio, ha exigido este martes al Gobierno central la derogación del Real Decreto Ley 16/2012, devolviéndole al derecho a la salud su carácter universal, es decir, que todas las personas tengan acceso a los servicios sanitarios públicos, sea cual sea su situación administrativa.

Sánchez Rubio ha contestado así al Ministro de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Alfonso Alonso, que en una entrevista ha anunciado que los inmigrantes en situación irregular volverán a tener derecho a la atención primaria en el Sistema Nacional de Salud, pero no recuperarán la tarjeta que les fue retirada en 2012.

En declaraciones a Europa Press, Sánchez Rubio señala que este anuncio supone "poner un parche' porque no restaura la universalidad de la sanidad pública, "que fue arrebatada mediante el Real Decreto Ley 16/2012, inaugurando un modelo insolidario e injusto".

La consejera en funciones ha recordado que en Andalucía se ha mantenido completamente el carácter universal de la sanidad pública, lo que ha permitido que 30.000 personas al año hayan podido seguir recibiendo atención sanitaria en la comunidad autónoma andaluza.

Además, Sánchez Rubio ha reiterado que la exclusión a inmigrantes en situación administrativa irregular no supone ninguna medida de ahorro, tal y como se ha argumentado desde el Gobierno central, ya que su frecuentación a los servicios sanitarios es muy baja tanto en primaria, con un 0,6 por ciento de las consultas totales, como en urgencias, con un 2,3 por ciento.

"desmantelamiento" del sistema nacional de salud

La consejera en funciones ha criticado que, con la excusa de la crisis económica, el Gobierno "haya deteriorado y desmantelado" el Sistema Nacional de Salud, con el objetivo de ponerlo en manos de los mercados a través de la privatización de los servicios sanitarios, "como ya está ocurriendo en aquellas comunidades en las que gobierna".

En este sentido, Sánchez Rubio ha rechazado que "se comercie" con la salud de las personas y "se especule" con la sanidad pública por motivos electorales o intereses económicos.