El 27 de febrero de 1989, una multitud comenzó a reunirse en uno de los barrios más pobres de la periferia caraqueña. Protestaban contra las draconianas medidas económicas que el recién elegido presidente de Venezuela, Carlos Andrés Pérez (CAP), acababa de decretar.

La situación era muy dura en el país en esos momentos. El 80% de los venezolanos se encontraba en situación de pobreza; solo un 55% tenían acceso a un salario digno que cubriera sus necesidades. Para no morir de hambre, mucha gente recurría a la comida para perros para llenar el estómago. La clase media prácticamente había desaparecido. Había muchos muy pobres y muy pocos muy ricos. La deuda externa era de 32 mil millones de dólares.

El 2 de febrero, CAP organizó una fastuosa toma de posesión en un teatro de Caracas. Los venezolanos la bautizaron como la ‘Coronación’. Dos semanas después, la noche del 16 de febrero, presentó a los venezolanos, en cadena de TV nacional, un proyecto que denominó ‘Paquete económico’. Era su respuesta a la crisis económica que enfrentaba el país.

El ‘paquetazo’ de CAP representaba una devaluación de la moneda, el bolívar, del 400% y recogía todas las duras medidas neoliberales que había propuesto el FMI unos meses antes a cambio de un préstamo. Y que Pérez, supuestamente socialdemócrata, durante su campaña había asegurado no adoptaría de ninguna forma.

Entre las medidas que formaban el ‘paquetazo’, se subía el precio de la gasolina en un 100%; la Tasa de Interés Bancario hasta el 28%; el precio del transporte urbano en otro 100%... Se liberaban precios de muchos productos y alimentos y los puestos de los funcionarios públicos se congelaban. Una estafa respecto a su promesa electoral.

A primeras horas del 27 de febrero, la gente empezó a reunirse en las paradas de los autobuses. Se enfrentaban a los transportistas, que habían subido los billetes entre un 100 y un 300%. La revuelta de los descontentos empezó en el barrio de Guarenas-Guatire. Más tarde, la masa se trasladó a Caracas y comenzaron los disturbios.

Las protestas y saqueos se extendieron rápidamente por la capital. CAP y su ministro de Defensa, Ítalo del Valle Alliegro, decidieron aplicar mano dura.

Se impusieron el estado de emergencia y la ley marcial. El 28 de febrero CAP suspendió varios artículos de la Constitución, incluido el 60 (derecho a la libertad individual y a la seguridad); el 62 (inviolabilidad del domicilio); el 66 (libertad de expresión); el 71 (derecho a reunirse en público y en privado), y el 115 (derecho a la protesta pacífica).

El Gobierno tenía mano libre para una represión brutal. La ofensiva contra los manifestantes fue sangrienta. El Ejército tomó las calles. Los soldados disparaban desenfrenadamente contra edificios residenciales y multitudes de personas, matando a civiles desarmados. Hubo detenciones en domicilios, desapariciones, torturas y ejecuciones extrajudiciales. Oficialmente hubo 276 personas muertas,  pero muchas estimaciones elevan ese número a más de 2.000.

En 1992, como consecuencia de esa terrible represión, hubo dos intentos de golpe de Estado, en febrero y noviembre. CAP fue acusado de corrupción y se retiró de la presidencia.

En 1999, la Corte Interamericana de Derechos Humanos escuchó el caso y dictaminó que el Gobierno había cometido diversas violaciones de los derechos humanos de los ciudadanos, entre ellas, ejecuciones extrajudiciales.

El Gobierno venezolano, entonces encabezado por Hugo Chávez, no impugnó las conclusiones del caso y aceptó toda la responsabilidad por las acciones del Gobierno.