El titular del Juzgado de Instrucción número 7 de Palma ha citado a declarar como imputado al director general de Gestión Económica y Farmacia, César Vicente Sánchez, por la querella por no haber convocado concursos para las oficinas de farmacia, que también se presentó contra el presidente del Govern, José Ramón Bauzá y el conseller de Salud, Martí Sansaloni.

Además, se ha pedido a la sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJIB copia de la sentencia por la que se declaró la compatibilidad del presidente del Govern, José Ramón Bauzá, como presidente de la comunidad y, al mismo tiempo, titular de una farmacia en este territorio.

Declaraciones de testigos el 26

De marzo

Concretamente, el titular del Juzgado cita a declarar como testigos, el día 26 de marzo, al querellante Cristóbal Pons, a Pedro Ventayol, Elena Ventayol e Isabel Llabrés, a las 09.30, 10.30 y 11.30 horas y dispone que se tome declaración como imputado a César Vicente Sánchez, si bien no especifica fecha.

Además, en el auto, reclama a la Conselleria de Salud todos los expedientes a los que hace referencia el querellante, sobre la adjudicación de farmacias, así como una copia de todo el expediente administrativo previo al Decreto Ley 1/2014 por el que se modifica la ordenación farmacéutica de Baleares.

Por otro lado, requiere a los servicios jurídicos de la comunidad copia del recurso de casación que habrían interpuesto contra la sentencia número 23/2014. Contra este auto cabe recurso de reforma ante el mismo juez y de apelación ante la Audiencia.

Cabe recordar que el pasado 11 de febrero la Audiencia Provincial de Baleares dictó un auto con el que ordenaba al Juzgado de Instrucción número 7 de Palma admitir a trámite esta querella interpuesta por un presunto delito de prevaricación por no haber convocado concurso de méritos para la adjudicación de oficinas de farmacia por tener "intereses personales en el sector".

El tribunal de la Sección Segunda estimó el recurso de apelación interpuesto por un farmacéutico contra la inadmisión de su querella en primera instancia, al recalcar que deben practicarse diligencias que lleven a determinar los hechos presuntamente delictivos, por lo que por ahora no cabe su inadmisión a trámite.

Junto a Bauzá y Sansaloni, también figura como querellado el director general de Gestión Económica y Farmacia, Vicente Sánchez, mientras que la denuncia fue posteriormente ampliada contra la secretaria general de la Conselleria de Salud, Lucía Matías, por infidelidad en la custodia de documento y falsedad en documento público y prevaricación.

El querellante alegaba que el anterior Govern había autorizado la creación de nuevas farmacias en Baleares desde febrero de 2009 hasta mayo de 2011, mientras que en octubre y noviembre de ese año se autorizaron dos más. Sin embargo, recrimina que no fue hasta agosto de 2013 cuando el actual Ejecutivo instó la convocatoria del concurso de méritos para determinar a quién debían ser adjudicadas.

En su auto, el tribunal asevera que la inadmisión acordada en primera instancia "sólo se permite en el caso en que los hechos, pura y objetivamente" tal y como están redactados en la querella, "presenten o no, a las claras, caracteres de delito". "La mínima duda que exista sobre la configuración fáctica o encuadre jurídico sólo permite dictar una resolución de admisión de la querella para la posterior investigación de los hechos", abunda.