El fiscal ha pedido este miércoles que el Tribunal Supremo confirme la pena de 8 años de cárcel y 20 de inhabilitación que le fue impuesta al exconseller valenciano de Solidaridad y Ciudadanía y exdiputado autonómico del PP Rafael Blasco por el desvío de fondos públicos de cooperación con Nicaragua en 2008.

El Supremo ha celebrado la vista de los recursos presentados contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), que condenó a diferentes penas a nueve personas, seis con puestos en la Conselleria, entre ellos Blasco, y tres particulares, dos de la Fundación Cultural y Estudios Sociales (Cyes) y el tercero un intermediario.

El fiscal y la abogada de la acusación ejercida por la Generalitat se han opuesto a los recursos de los condenados contra la resolución del TSJCV e incluso han pedido que se condene también por malversación a tres de los condenados a los que no se les ha tenido en cuenta este delito en la sentencia.

Se trata del exsubsecretario de Cooperación Alejandro Catalá, el ex director general de Cooperación Josep Maria Felip y el exjefe del Área de la Dirección General de Cooperación Marc Llinares, si bien para este último estiman que hay que retirarle los delitos de cooperación en prevaricación administrativa y falsedad por los que fue condenado sin que hubiera sido acusado por los mismos.

El fiscal Álvaro Redondo Hermida ha impugnado los recursos de los condenados recordado que el TSJCV declaró probado que se concedieron subvenciones por 1,8 millones de euros de los que solo el 3% fue destinado a su finalidad, unos pozos en Nicaragua, y que el resto se destinaron a la adquisición de unos inmuebles que no correspondían al objeto de las mismas.

Ha añadido que esto se ha declarado probado después de una investigación de la Fiscalía, una instrucción de un Juzgado y de 32 sesiones de juicio por lo que estima que las defensas no pueden decir que los nueve condenados no tienen nada que ver con los hechos ni atribuir a funcionarios la alteración de documentos para este "desaguisado".

Para el fiscal, el TSJCV condenó basándose en "innumerables pruebas documentales, testificales y periciales y relata minuciosamente los hechos sin arbitrariedad". El fiscal ha rechazado las alegaciones de las defensas relativas a que el TSJCV se vio influenciado por cuestiones políticas y por influencia de la prensa y ha mantenido que se basa en datos técnicos.

Ha insistido en que los condenados eran los que tenían el dominio de los hechos y podían decidir en la Consellería la concesión de subvenciones y la justificación posterior de los fondos.

El abogado de Blasco ha alegado que es "horroroso y tenebroso que la sentencia hable de eventuales contraprestaciones que no han quedado del todo acreditadas".

Rafael Blasco, que se encuentra en libertad bajo fianza de 200.000 euros, fue condenado a la pena referida por delitos de malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, prevaricación y falsedad en documento oficial.

También fueron condenados los citados Marc Linares, a cuatro años y medio de cárcel y once de inhabilitación; Alejandro Catalá, a cuatro años y medio de cárcel y siete de inhabilitación, y Josep Maria Felip siete de inhabilitación.

El TSJCV condenó además al empresario Augusto César Tauroni, único procesado que se encuentra en prisión, desde el 23 de febrero de 2012, a ocho años de prisión y veinte de inhabilitación por cooperador del delito de fraude en subvenciones, falsificación y malversación.

Marcial López fue condenado como presidente de Cyes a cuatro años de cárcel y otros tantos de inhabilitación por delito continuado de fraude de subvenciones en concurso con falsedad, y su pareja, María Josefa Cevera, a tres años y medio de cárcel por fraude de subvenciones en concurso con falsificación.

La exsecretaria administrativa de la Conselleria Tina Sanjuán, a siete años y medio de cárcel y medio de inhabilitación por malversación, prevaricación y falsedad. El exjefe de Gabinete de Blasco Javier Llopis fue condenado a tres años de prisión y dos de inhabilitación.