Amnistía Internacional (AI) expresó su preocupación por la existencia de "informes sobre tortura y malos tratos" policiales en España y por la situación que afrontan los inmigrantes y los solicitantes de asilo en el país.
El informe de la organización defensora de los derechos humanos referido a 2006, destaca que "siguió habiendo informes de tortura y malos tratos a manos de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley", en una situación acompañada "en muchos casos de impunidad".
Esta circunstancia se ha visto agravada "por la falta de investigaciones sistemáticas e independientes", dice AI, que se remite a un estudio publicado por SOS Racismo, según el cual en uno de cada tres casos de violencia racista en España "los responsables eran funcionarios del Estado encargados de hacer cumplir la ley".
Agencia de Investigación sobre malos tratos
Amnistía Internacional también reclamó la creación en España de una Agencia Independiente de Investigación sobre malos tratos policiales, para evitar que los agentes "sean investigados por miembros de su propio cuerpo" y combatir así la "indefensión" de las víctimas en estos casos.
Beltrán sostuvo que el conocido como "caso Roquetas", ocurrido en julio de 2005, "ilustra esta situación" de vulneración de derechos de las víctimas y es "el nudo de la impunidad" que se detecta actualmente en España.
El activista reprochó al Gobierno la "impunidad de facto" con la que se abordan las agresiones a los inmigrantes y a los solicitantes de asilo por parte de funcionarios públicos, dada la "laxitud" de las penas, las expulsiones sin derecho a revisión, los retrasos de los procesos judiciales de hasta quince años e, incluso, determinados indultos.
Todo esto, prosiguió, "se adereza con el hecho de que no hay investigación independiente" de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, mientras que, según SOS Racismo, los agentes son responsables de "uno de cada tres casos denunciados de violencia racista".
Sin sustento ni medios de regularización
El capítulo más extenso es el que lleva el epígrafe "Migración y asilo", en el que AI denuncia que en 2006 "se siguieron dictando órdenes de expulsión contra migrantes indocumentados, a los que se dejaba sin sustento ni medios de regularización de su situación".
AI llama la atención sobre la investigación de la muerte de al menos 13 inmigrantes en la frontera de Ceuta y Melilla (ciudades españolas en el norte de África) en 2005, que aún no ha permitido "identificar ni castigar a los responsables".
Mientras, se enviaron inmigrantes de regreso a Marruecos cuando se podía demostrar su procedencia, en virtud de un acuerdo sobre devoluciones ya existentes, pese a que "las garantías jurídicas y de protección pedidas en estos casos eran insuficientes, por lo que las personas devueltas quedaban expuestas a sufrir malos tratos".
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