El administrador de la empresa Grober de Bescanó (Girona), Lluís Carbonell, ha pedido a los grupos con representación en el Parlament de Catalunya que convenzan a los trabajadores de la fábrica para que dejan de acosarle —también a su familia— y esperen a la liquidación final del patrimonio para cobrar las indemnizaciones.

Carbonell lo ha hecho mediante una carta que ha enviado a los diputados —en respuesta a otra que ellos le mandaron— en la que les "suplica" ayuda y les explica que no cierra la empresa por capricho.

Carbonell dice entender la preocupación de los diputados por los trabajadores —unos 90— y acusa del cierre de la empresa "a ciertas personas que negaron a los trabajadores un acuerdo de flexibilidad laboral", que la dirección había propuesto.

Critica que esta propuesta hacía viable la empresa y algunos trabajadores la aceptaron, pero que en vez de negociar optaron por la vía judicial y para reclamar la extinción de los contratos.

La dirección de Grober pidió en enero la liquidación de la empresa en el juzgado mercantil, aunque antes, a petición de la plantilla, un juzgado social ordenó el cierre de la empresa y fijó indemnizaciones de tres millones de euros para los trabajadores.