El colectivo notarial y Cajasiete han firmado este jueves un convenio de colaboración pionero en España, primero de estas características que los notarios alcanzan con una entidad de crédito.

El objetivo es lograr la mayor protección de los derechos los consumidores, tanto en la fase precontractual como en la contractual. Con tal fin se realizarán actuaciones dirigidas a promover la transparencia en la contratación y a garantizar al consumidor la información necesaria para que pueda ejercer sus derechos.

En el acto, que ha tenido lugar en el Parlamento de Canarias, han participado el presidente de Cajasiete, Fernando Berge, el presidente del Consejo General del Notariado, José Manuel García Collantes, y el decano del Colegio Notarial de Canarias y presidente de Comisión de Consumo de este Consejo, Alfonso Cavallé.

También intervino el vicepresidente primero del Parlamento de Canarias, Julio Cruz, quien valoró la firma de este convenio en la Cámara legislativa porque la transparencia en la contratación financiera y la lucha contra las cláusulas abusivas es una materia de gran interés social que preocupa a la institución, como lo demuestra la realización de actividades y mesas redondas sobre la materia celebradas en el Parlamento.

Con este convenio se pretende garantizar contenidos transparentes, sin cláusulas abusivas, así como fomentar las prácticas leales y hacer efectivos derechos básicos del consumidor.

Entre estos derechos figuran que pueda elegir al notario que desee y examinar en la notaría el borrador de la escritura pública al menos con tres días de antelación al de la firma, además de recibir asesoramiento previo y personalizado del notario antes de tomar una decisión.

Asimismo, se buscarán los medios precisos para que el cliente bancario en la fase precontractual reciba adecuadamente y con la suficiente antelación la Ficha de Información Personalizada (FIPER), a fin de que pueda valorar sus implicaciones y adoptar una decisión fundada.

La transparencia e inexistencia de cláusulas abusivas en los contratos beneficia al consumidor y también a las entidades de crédito, ya que la declaración de abusivo —que implica la nulidad del acuerdo— tiene un alto coste económico y de reputación para la entidad.