El PSOE ha exigido que el teniente de alcalde del Ayuntamiento de Ocaña, Tomás Vindel de Andrés, abandone su cargo, tras la sentencia "que le condena a 7 años de inhabilitación por prevaricación al conceder licencias urbanísticas de forma ilegal".

Del mismo modo, según explican los socialistas, esta sentencia también condena a 7 años de inhabilitación al exalcalde, José Carlos Martínez Osteso, y tres exconcejales de esta localidad, Luis de Tell, Santiago Ontalva y Amelia Hervás Pedraza, por lo mismos hechos.

La portavoz del PSOE en la provincia de Toledo, Esther Padilla, ha mostrado su satisfacción por esta sentencia en una rueda de prensa en la que ha estado acompañada del portavoz del Grupo Municipal Socialista de Ocaña, Javier Ramírez, la concejala socialista, Marisa Hernández, y el abogado Carlos Ruiz.

Padilla ha manifestado que con esta sentencia "queda demostrado que el anterior equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Ocaña, del Partido Popular, actuó de común acuerdo para llevar a cabo una actuación claramente improcedente, concediendo licencias urbanísticas sin ajustarse a la ley y a sabiendas de que lo hacían", según ha informado el PSOE en nota de prensa.

Además, ha pedido que si Vindel de Andrés no abandona el cargo, se lo exijan la presidenta del partido en la región, María Dolores Cospedal, el presidente del PP toledano, Arturo García-Tizón, y la actual alcaldesa de Ocaña, Remedios Gordo.

Algo que, ha afirmado, "hasta ahora no ha exigido, porque la presidenta de Castilla-La Mancha ha mantenido a Martínez Osteso como asesor del Gobierno del PP en la región, incluso con juicio oral abierto".

Por su parte, Ramírez ha destacado que la sentencia "desmonta las justificaciones que los condenados utilizaron para justificar su actuación delictiva, como que se hacía para favorecer a los ciudadanos o que la denuncia buscaba sacar un rédito electoral".

De su lado, el abogado Carlos Ruiz ha señalado que "no es habitual que una sentencia incluya calificativos tan duros como lo hace ésta" y ha remarcado que la misma "deja claro que todos los condenados eran absolutamente conscientes de que concedían licencias urbanísticas en contra de la ley, porque tenían conocimiento previo de ello por los informes técnicos".