La exedila de Urbanismo de Ourense, Áurea Soto, defiende la "estricta" legalidad de las cinco asistencias técnicas que le suponen una nueva imputación judicial, firmadas en términos "exactos" a otras 20 de gobiernos del PP anteriores no denunciadas ni investigadas.

En un comunicado, Soto alude a su imputación y a la del exalcalde Francisco Rodríguez, consideradas por el titular del Juzgado de Instrucción número 1 en relación a cinco asistencias técnicas denunciadas por los sindicatos CIG y USO, hace poco más de un año, y luego por el PP.

Según Soto, cuatro de las cinco contrataciones externas investigadas "no corresponden" a la concejalía de la que fue titular y se hicieron en "mismos y exactos términos" que otras 20 contratadas por los anteriores gobiernos del PP, "sin que sobre ellas hubiese denuncia o investigación alguna".

En alusión al exalcalde, imputado con ella en este caso, detalla que el levantamiento de reparos a facturas por el que se le "mantiene injustamente imputado" es un mecanismo "legal" para abonar servicios, que si no se pagasen "llevaría a incurrir en enriquecimiento ilícito por parte de la Administración".

El resto del comunicado incluye afirmaciones sobre el representante de la CIG en el Ayuntamiento de Ourense, denunciante de las asistencias técnicas, y sobre el juez instructor al que debe las dos imputaciones judiciales, la primera en relación a la plaza de San Antonio y ahora esta de las asistencias técnicas.

Vuelve a exigir juicio cuanto antes

En relación al juez instructor, Soto recuerda que investigó durante más de un año las cinco asistencias técnicas y llamó e imputó inicialmente a 11 concejales y directores generales del PSOE y del BNG.

Le atribuye además un "cúmulo de daños colaterales" para los afectados, tanto económicos como políticos y personales, "para calificar finalmente como prevaricación las cinco últimas asistencias técnicas y no todas las anteriores firmadas bajo mandato del PP, por el jefe de personal de entonces, que ahora es el que denuncia éstas".

Soto recuerda además su primera imputación, "injusta como se demostrará en el juicio", el caso de la plaza de San Antonio, pendiente de que se fije fecha para la vista. "Vuelvo a exigir que se celebre con rapidez para no añadir al daño causado, la injusticia de una demora injustificada", proclama.

Frente a estas actuaciones, la exedila "recuerda" que hace más de seis meses, el mismo juez de instrucción tiene "en su mesa, pendiente de investigación", el informe de técnicos municipales que en 2004 analizaron 15 proyectos de compensación y cuantificaron en 1,6 millones de euros el "hurto" a las arcas públicas durante los gobiernos del PP en el Ayuntamiento de Ourense. Hasta ahora, según Soto, sólo fue llamada a declarar ella, para ratificar su denuncia.

Por "privilegios gestados" con el pp

Tras perder sus competencias por decreto del alcalde y renunciar al acta hace poco más de dos semanas por el auto de apertura de juicio oral por el caso de la plaza de San Antonio, la exedila Áurea Soto detalla además las relaciones de uno de los denunciantes del caso de las asistencias técnicas.

En ese sentido, se refiere al asesor jurídico municipal Javier García Gago, como funcionario municipal "con salario bruto de más de 60.000 euros anuales que pidió compatibilizar ese trabajo" con el de dar clase en la universidad de Vigo, a pesar de que la ley de compatibilidades la prohíbe al percibir un salario superior "al de un director general del Estado, de 53.000 euros", según Soto.

La exedila acusa al funcionario y sindicalista de denunciarla a ella, al alcalde y a la director general de Recursos Humanos para "recusarlos, forzar los plazos de los trámites e impedir que votaran su incompatibilidad en los plazos determinados, y así conseguir sus fines".

Según Soto, Gago consiguió ahora "seguir cobrando más de 60.000 euros brutos como funcionario municipal y sumarle más de 6000 de la universidad de Vigo, por clases en horario coincidente con el de su trabajo municipal, ya reducido por ser liberado sindical".

En ese sentido, atribuye al funcionario denunciante tener "privilegios gestados en sus años de jefe de Personal", durante los gobiernos del PP y en los que la oficina de rehabilitación urbanística "funcionó con más de 20 asistencias técnicas de las que era perfectamente conocedor" y no las denunció.