El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) acoge desde este miércoles el juicio contra el exsecretario de Organización del PSC y exdiputado en el Parlament Daniel Fernández por tráfico de influencias al presuntamente presionar para una colocación a dedo en el Ayuntamiento de Montcada i Reixac (Barcelona) en mayo de 2012.

En el juicio, previsto para que arranque a las 9.30 horas en la Sala Civil y Penal del TSJC y que parte de una de las piezas investigadas del caso Mercurio, están citados como acusados también el exalcalde de Sabadell (Barcelona) Manuel Bustos; su hermano y el concejal en el mismo ayuntamiento Francisco Bustos y la alcaldesa de Montcada i Reixac (Barcelona), María Elena Pérez.

Los tres primeros, abucheados a su llegada al TSJC, serán juzgados por presunto tráfico de influencias mientras que Pérez lo será por supuesta prevaricación; fue ella la que presuntamente se dejó presionar por el resto de encausados para que contratase como directora del área territorial del Consistorio a Carmina Llumà, pareja del jefe de la Asesoría Jurídica del Ayuntamiento de Sabadell.

Fernández, Pérez y los hermanos Bustos se enfrentan a dos años de cárcel que pide la Fiscalía por un presunto delito de tráfico de influencias, al pago de una multa de 108.000 euros y a su inhabilitación durante seis años de empleo y cargo público.

Para este miércoles está prevista la resolución de cuestiones previas y la declaración de los cuatro acusados —mañana y tarde— y para el jueves, en principio, quedaría pendiente la declaración de Mossos d'Esquadra, testigos —entre ellos, Carmina Llumà— para acabar por la tarde con conclusiones e informes finales de las partes.

El primero en ser interrogado ha sido el exsecretario de Organización del PSC, quien ha alegado que se limitó a opinar sobre una contratación municipal que pensaba que era para cubrir "un cargo de confianza", de libre designación, y ha negado haber presionado a la alcaldesa de Montcada i Reixac. "La alcaldesa me pidió mi opinión. Esta fue mi participación en este tema, que fue estar de acuerdo con la alcaldesa", ha dicho Fernández, quien ha recordado que "al final el que manda es el alcalde".

Fernández ha explicado que todo se remonta a un correo electrónico que recibió el 2 de marzo de la concejal Carmen Porro, que en nombre de la alcaldesa le pedía una reunión en "demanda de colaboración", por lo que se reunió con María Elena Pérez el 16 de marzo. En esa reunión, según Fernández, Pérez le pidió su colaboración para que le ayudara a buscar a una persona idónea, experta en urbanismo y en el ámbito jurídico, para que se encargara de reordenar el urbanismo de Montcada, una población que es nudo viario y ferroviario y que por lo tanto es de las que sufre "más problemas urbanísticos de Cataluña".

Fernández ha insistido en que no sabía que estaba en marcha un proceso de selección para elegir el cargo de director del área territorial, y en que él se mostró de acuerdo con contratar a Carmina Llumà —que estaba casada con un colaborador de Bustos— porque tenía un "currículum brillante" en el sector jurídico y de urbanismo, tanto en la Generalitat como en el Ministerio de Fomento. "Yo no tenía ningún interés en colocar a Llumà en ningún sitio", ha repetido varias veces.

El exdiputado, quien ha asegurado que no tenía "ningún interés" en colocar a dedo a una ex alto cargo del tripartito, se ha negado a reconocerse en las conversaciones telefónicas intervenidas en que se sustenta la acusación por usar presuntamente su influencia política para imponer la contratación de la ex alto cargo, amañando un concurso público. De hecho, durante la resolución de las cuestiones previas, su abogado ha solicitado la nulidad de las escuchas, una cuestión que el tribunal resolverá en sentencia.

En una de las escuchas le dijo a Bustos que llamaría a Pérez para exigirle que contactara con la empresa de recursos humanos para que cambiaran el 'No apta' por el 'Apta', finalmente no lo hizo. Según el fiscal, Pérez se acabó reuniendo con las responsables del proceso de selección, que modificaron el 'No apta', lo que facilitó finalmente el fichaje de Llumà.

Por su parte, el exalcalde de Sabadell ha asegurado tener "la conciencia muy tranquila" puesto que ha defendido que lo único que hizo en la contratación de Llumà fue "colaborar y opinar". De hecho, ha mostrado su "sorpresa" ante el hecho de que se convocara un concurso público para designar un cargo de confianza, y consecuentemente de libre designación, y ha aseverado desconocer que se había puesto en marcha este proceso.

En todo caso, ha reconocido que, como expresidente de la Federación de Municipios de Cataluña (FMC), "es muy posible" que preguntara en los ayuntamientos si necesitaban alguien como Llumà, algo que hacía cuando tenía conocimiento que había personas "de reconocido prestigio" que quedaban sin trabajo por cambios de gobierno. Sobre Llumà ha dicho que era una persona de reconocido prestigio y conocida por todos puesto que había sido secretaria general de Política Territorial durante el Tripartito.

En cualquier caso, Bustos, quien tampoco ha reconocido las grabaciones, ha asegurado que "era la candidata de la alcaldesa", que ésta era la "responsable máxima" de tomar la decisión y él no podía influir. "Tengo la conciencia muy tranquila, no he cometido ningún delito, no tengo la sensación de haber cometido ningún delito, sólo colaborar y opinar sobre un cargo de confianza", ha afirmado.

La última en declarar en la sesión de este miércoles, ha sido la alcaldesa de Montcada, quien ha reconocido que recibió presiones del regidor del Ayuntamiento de Sabadell para contratar a Llumà como responsable del área de urbanismo pero ha añadido que no cedió. Pérez, quien ha asegurado que la relación que tiene con Bustos "no es buena", ha afirmado que no tuvo "en consideración" las "apreciaciones" que le hizo, pero que la contrató al ser la mejor candidata. Asimismo, ha explicado que la plaza vacante era de libre designación pero, por primera vez, el consistorio decidió convocar un concurso.