La jueza que instruye la 'Operación Pokemon', Pilar de Lara, investiga si existe un delito de "obstrucción" a la Justicia por parte del PP después de que el exgerente del partido en Ourense, Emilio Pascual, declarase que se siente "presionado" tras sus declaraciones en relación a la supuesta financiación irregular de la formación en la provincia.

En este sentido, y según consta en una providencia dictada por la jueza este miércoles, dos días después de la declaración voluntaria de Emilio Pascual, la jueza ordena la práctica de varias diligencias y plantea la posibilidad de "adoptar medidas de protección necesarias al testigo". Pascual también declaró el pasado mes de noviembre en relación a este caso.

El exgerente se "ratificó y afirmó íntegramente" en aquellas declaraciones de noviembre pero denunció las "presiones con finalidad de que se retracte de lo dicho" ante la jueza.

Al respecto, esta nueva providencia de la jueza recoge la intención de Pilar de Lara de indagar acerca de si existe un posible "delito de obstrucción a la Justicia".

Para ello, solicita información al PP de Ourense sobre la apertura de algún expediente disciplinario o sancionador o de expulsión de Emilio Pascual y pide su fecha, órganos o personas que lo decidieron y estado actual, y sobre la existencia de otros relacionados con otros afiliados.

Solicita información

Reclama toda la información de otros posibles expedientes disciplinarios, sancionadores o de expulsión "respecto de otros afiliados que figuren como imputados o que hayan sido condenados en causas judiciales".

Respecto al exgerente y las posibles presiones que ha denunciado, la jueza quiere saber si en el PP provincial "se entabló alguna acción judicial contra este afiliado, por vía civil o penal" y pide copia de ellas, además de pedir a Vigilancia Aduanera que recopile las publicaciones sobre las declaraciones prestadas por el exgerente en el juzgado.

Aparte posible malversación

La misma providencia judicial se refiere a acciones referidas a imputados o investigados en el marco de la operación Pokemon, incluido el Ayuntamiento de Ourense, y la aparición de posibles "nuevos hechos delictivos cometidos por personal del PP de Ourense y de la Diputación provincial", a raíz de la comparecencia del exgerente de esta misma semana.

"Nuevos hechos delictivos que pudieran ser constitutivos de un presunto delito de malversación, sin perjuicio de ulteriores calificaciones jurídicas", según la jueza.

Al respecto, remite las declaraciones a Vigilancia Aduanera para su investigación y, puesto "que esos no tendrían relación con los investigados en la presente causa", insta a acordar la apertura de las correspondientes diligencias previas "para la inhibición al órgano jurisdiccional correspondiente".

CONCILIACIÓN

En relación al expediente de expulsión del exgerente del PP, el comité ejecutivo provincial acordó pedir su apertura en una reunión del 24 de noviembre, en la que también se facultó al presidente provincial, José Manuel Baltar Blanco, a ejercer las acciones legales que estimase oportunas frente a las declaraciones públicas de Emilio Pascual, tras las realizadas ante la jueza Pilar de Lara en noviembre de 2014.

Por otra parte, Baltar Blanco presentó una demanda contra el exgerente por injurias, por "declaraciones realizadas que parecen querer ser una reproducción de las llevadas a cabo en sede judicial". Ambos tendrán un acto de conciliación judicial previsto para el día 3 de febrero, según el escrito judicial al que tuvo acceso Europa Press.

En la demanda, Baltar alude a "afirmaciones con claro contenido difamatorio y de desprestigio cuyo contenido y afirmaciones en ningún momento se ajustan a la verdad y suponen un ataque al honor del PP, no dudando en atribuirle actuaciones que podrían resultar calumniosas, sin otro objeto ni fundamento que destruir su imagen".

Se refiere el presidente provincial a la declaración prestada por el exgerente ante la jueza De Lara en relación a posibles pagos en B de campañas electorales que, según dijo a preguntas de la magistrada "se ocultaban al Tribunal de Cuentas y al PP de Madrid". La jueza le preguntó por la gestión de donaciones en el PP, en la que el expresidente José Luis Baltar (y padre del actual presidente) había negado antes su intervención o conocimiento.

Según fuentes jurídicas, se espera aún la respuesta de la jueza al escrito de recurso presentado por José Luis Baltar en el que además de reclamar el registro de la declaración prestada por el exgerente en noviembre, ante la jueza, alegó una posible incompetencia jurisdiccional del juzgado de instrucción de Lugo, para investigar la posible financiación del PP de Ourense, entre otros aspectos.

También al ayuntamiento

Por otro lado, aunque en la misma providencia del día 21, De Lara, plantea actuaciones relacionadas con la documentación aportada por el Ayuntamiento de Ourense sobre el contrato de adjudicación a la empresa Doal, del servicio de ORA y grúa y en base a las manifestaciones de varios imputados relacionados con esta concesión, junto con la testifical del interventor del Ayuntamiento de Ourense.

También pide a un perito que designe el Cuerpo Superior de Interventores y Auditores del Estado para que elabore un informe sobre facturas emitidas por Doal, Sermasa y otras empresa del grupo Vendex "e informe sobre cuantas irregularidades aprecie".