El Consejo Balear de Transportes ha aprobado la creación de dos comisiones específicas para tratar y combatir el intrusismo dentro del sector del transporte terrestre.

Una de las comisiones se centrará en el intrusismo dentro del transporte de pasajeros en vehículos de menos de 9 plazas —taxis y vehículos clase C— y la otra fijará su ámbito de actuación en el ámbito del transporte discrecional, regular y de mercancías.

El anuncio, hecho por el conseller de Agricultura, Medio Ambiente y Territorio, Biel Company, al término de la reunión del Consejo celebrada este jueves, supone un paso más en el compromiso del Govern para luchar contra el intrusismo y la piratería en el sector del transporte terrestre por carretera y, en especial, en lo concerniente al transporte de pasajeros en vehículos de menos de 9 plazas.

Ambas comisiones estarán presididas por el director general de Transportes del Govern y estarán integradas por representantes de cada sector específico, de la FELIB, de los Consells, de los usuarios, de los sindicatos y de la patronal del sector.

Antes de finales del mes de enero se constituirán dichas comisiones y se convocarán las primeras reuniones para trabajar en medidas concretas. Para el conseller, "esta medida refuerza el compromiso de este Govern en la lucha contra el intrusismo en el sector".

Operativo de control en el aeropuerto

Company también ha recordado que antes de iniciarse la temporada de verano estará operativo el sistema de control de accesos de vehículos al aeropuerto, mediante la instalación de cámaras con lectores de matrícula durante los 24 horas y los 365 días del año.

"Es una medida pionera en España, que nos permitirá detectar las entradas y salidas de vehículos, y tener un registro de los mismos para detectar posible casos de intrusismo", ha manifestado.

También cabe mencionar que el Govern aprobó en 2012 un decreto ley de medidas urgentes sobre el régimen sancionador en materia de transporte público discrecional de viajeros en vehículos de turismo en la Comunidad Autónoma, donde se definen como infracciones la prestación, la comercialización y la promoción de un servicio de taxi no autorizado, se determinan las medidas cautelares y se establece un régimen sancionador. con multas que pueden llegar hasta los 12.000 euros.