La consejera de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, María Jesús Serrano, ha reivindicado el Plan Especial de Ordenación de las Zonas de Regadío Ubicadas al Norte de la Corona Forestal de Doñana, un documento que ha costado "muchísimo trabajo" acometer en la medida en que también hay que conciliar "muchísimos intereses", como instrumento de utilidad a la hora de acometer la regulación para los pozos de la zona.

En declaraciones a los periodistas en Sevilla, Serrano ha indicado al respecto que "respeta" las afirmaciones de la organización conservacionista WWF —que recientemente aseguraba que el también denominado 'plan de la fresa' "no puede crear falsas expectativas de legalidad a los agricultores, porque no legaliza nada"—, si bien "en este caso no las compartimos".

Para la consejera, el plan ha sido hecho con "consenso" y "participación", logrando un marco desde el "respeto" a la normativa de aguas y la ley forestal andaluza en relación a los regadíos en Doñana, que, a su juicio, "debe seguir siendo un espacio de conservación y protección, pero donde, a la vez, se facilite el desarrollo socioeconómico sostenible para todos los habitantes del territorio".

Por parte de los ecologistas, el coordinador del proyecto Doñana de WWF, Felipe Fuentelsaz, explicaba a Europa Press, por contra, que aunque "la Junta intente amnistiar toda la superficie de regadío existente en 2004 (9.340 hectáreas), desde WWF recordamos que esa superficie no se puede legalizar actualmente porque en muchas fincas existen incumplimientos de normativas ambientales como la Ley de Aguas o la Ley Forestal Andaluza".

En ese sentido, ha proseguido que, "a pesar de la aprobación del 'plan de la fresa', el marco normativo sigue siendo la Ley de Aguas del año 1986 y la Ley Forestal Andaluza de 1992, por lo que las fincas que no cumplan esas normativas podrán ser sancionadas, y los pozos ilegales clausurados".

De este modo, Fuentelsaz ha señalado que dentro de las acciones del plan, habrá que "buscar soluciones pero también mecanismos" para eliminar todas las fincas "ilegales transformadas posteriormente a 2004 y aquellas que incumplan la normativa ambiental y no cuenten con los derechos y concesiones de agua".