El número de mujeres que renuncia a continuar con el proceso judicial en casos de violencia machista ha descendido un 5,1% en el tercer trimestre de 2014 y se sitúa en 3.976 casos, el 13,2% de las denuncias.

Según los últimos datos facilitados por el Observatorio Judicial contra la Violencia Doméstica y de Género, dependiente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), estas cifras suponen, no obstante, un aumento del 2,6% con respecto al mismo trimestre del pasado año.

En este periodo de tiempo, el número de denuncias por violencia machistas ascendió a 33.201, lo que implica un leve aumento del 0,5% respecto del tercer trimestre de 2013, cuando fue de 33.050.

El estudio está basado en los datos obtenidos de los 106 Juzgados exclusivos de Violencia sobre la Mujer de toda España, así como en los 355 juzgados con competencias compartidas.

Por comunidades, Baleares Canarias, la Comunidad Valenciana y Murcia son las que han registrado una mayor tasa de denuncias presentadas por cada 10.000 mujeres con porcentajes del 24,4; 17,6; 17,3; y 17,2 respectivamente. La Rioja, con un 6,5; Extremadura, con un 8,9; País Vasco, con un 9,1 y Galicia, con un 9,3 son las regiones donde se ha producido una menor tasa de denuncias. En el conjunto del país, la tasa de denuncias por cada 10.000 mujeres fue del 13,97%.

Otro de los datos que arroja este observatorio es que cerca de un 68% de las denuncias fueron presentadas por las víctimas, bien directamente en el juzgado —el 7,27%— o a través de un atestado policial —el 60,61 %—. Un 16,28% fueron resultado de la intervención policial y el 11,9% por partes de lesiones.

Sólo el 1,06% de los casos fueron denunciados por familiares, mientras que las interpuestas por los servicios asistenciales o terceras personas representaron el 1,6%.

Los órganos competentes en el ámbito de la violencia de género —Juzgados de Violencia sobre la Mujer, Juzgados de lo Penal y Audiencias Provinciales— dictaron 10.204 sentencias penales en el tercer trimestre de 2014, de las que más de un 64% fueron condenatorias.

Este porcentaje supone un incremento de casi dos puntos con respecto al del mismo trimestre del año anterior, cuando se había situado en el 62,4%.

Para la presidenta del Observatorio, Ángeles Carmona, el hecho de que haya aumentado el porcentaje de condenas penales es un dato que ayuda a trasladar a la sociedad que la violencia de género encuentra respuesta en los órganos judiciales.

En cuanto a las órdenes de protección, los jueces de violencia sobre la mujer acordaron 4.918, lo que supone el 56% de las 8.807 solicitadas.

Así, el número de órdenes de protección solicitadas supone un aumento del 3,02 % con respecto al mismo trimestre del año anterior.

Sobre las 15.410 medidas penales adoptadas tanto en el ámbito de las órdenes de protección como en el de otras medidas cautelares, en un 88,6% de los casos se establecieron medidas de alejamiento, en un 89,2% prohibición de comunicación y en un 3,7% medidas privativas de libertad.

Además se adoptaron 3.575 medidas civiles derivadas tanto de órdenes de protección como de otras medidas cautelares de protección a las víctimas. En el 24,2% de las órdenes de protección se acordaron medidas de prestación de alimentos; en el 20,7%, atribución de vivienda; en el 5,5%, suspensión de la guarda y custodia de los hijos; en el 2,6%, suspensión del régimen de visitas y en el 0,7% se adoptaron medidas de protección del menor para evitar un peligro o perjuicio.

En los 82 Juzgados de Menores se han enjuiciado en este periodo a 21, y a 19 de ellos les han impuesto algún tipo de medida.

El informe también destaca que se han incoado 2.754 procedimientos por conductas tipificadas como faltas. De ellos, 1.254 fueron por vejaciones injustas y 1.222 lo fueron por injurias, mientras que otros tipos de faltas —278— representaron un 10%. En total se han celebrado 2.124 juicios de faltas.