"El tanto por ciento de nada es nada. Cuando una persona se queda sin trabajo y sin ingresos, no puede contribuir al cuidado de su familia. ¿Qué va a hacer si no tiene ni para su propia subsistencia? ¿Robar?".

Por las manos de José Luis Prieto Martínez pasan cada vez más casos de padres que se ven impotentes a la hora de abonar la pensión compensatoria para criar a sus hijos o para cubrir las necesidades de su expareja. Al otro lado del teléfono, este abogado especializado en familia constata —en base a su experiencia— lo que los datos de la Fiscalía de Madrid ponen negro sobre blanco: los impagos de pensiones alimenticias o de manutención crecen a medida que la crisis hunde más a las familias.

Según las memorias de la institución correspondientes a 2013, las diligencias de investigación incoadas por este tipo de casos crecieron un 13,1% el año pasado, pasando de 1.925 a 2.178. Si se toma como referencia al dato de 2011 (1.557 expedientes), el incremento alcanza el 39,8% en solo dos años.

La subida sería incluso mayor si no fuese porque muchos afectados se resisten a llevar a su pareja ante el juez para asegurarse el pago de las cantidades o el cumplimiento del régimen de visitas. "Solo se persigue si hay denuncia por parte del interesado, pero no todo el mundo quiere enfrentarse a la posibilidad de ver a su expareja en un tribunal; menos aún cuando estos asuntos se dirimen en la vía penal", señala un fiscal con seis años de experiencia en estos procedimientos.

Cuando una pareja se rompe, los cónyuges pueden firmar un convenio regulador sobre el uso de la casa o la custodia de los hijos. Si la separación no es amistosa, deben someterse a las condiciones que dictamine el juez. Estas pueden renegociarse si el alimentante —es decir, el pagador— acredita que su situación económica ha sufrido una modificación sustancial, aunque no todos los magistrados son igual de sensibles.

"Por la vía de la práctica, se está estableciendo como criterio que la rebaja de la pensión está justificada si los ingresos del afectado bajan un 20% o más. Ahora bien, los jueces de Familia tienden a obrar siempre primando exclusivamente el interés del menor, lo que lleva a situaciones como establecer pensiones mensuales mínimas, de unos 100 euros, pese a que el progenitor no tiene ni un euro en el bolsillo", explica el letrado Prieto Martínez.

"El interés del menor suena bonito en la práctica, pero la realidad es otra cosa. El componente personal en una separación es muy importante, de ahí que, cuando haya problemas económicos, la situación estalle y derive en cosas como 'has traído al niño tarde, así que te denuncio para que no le veas más', o 'si no te llevas al niño este fin de semana, no te dejo verlo'", añade el citado fiscal.

Las estanterías de los jueces están "repletas" de peticiones para revisar a la baja las pensiones, pero también de solicitudes para que la Justicia confisque las nóminas o los subsidios de desempleo de los que no pagan. "La relación entre las partes se vuelve más tensa, porque la orden de embargo llega a la empresa del señalado y su entorno pueden enterarse", admite una tramitadora de un juzgado de Madrid.

En seis años, la crisis ha duplicado las reclamaciones de modificaciones de medidas fijadas en separaciones y divorcios en toda España (77.494 en 2013 frente a 38.357 en 2008), como publicó 20minutos.

Los impagos siguen constituyendo el grueso de los delitos contra las relaciones familiares, que alcanzaron los 3.446 casos en 2013, un 9,5% más que en el ejercicio precedente. Aunque no son las únicas violaciones de la ley que suben, ya que también hubo más quebrantamientos de los deberes de custodia (+28,35%, de 127 a 163) y más denuncias por utilización de menores para pedir en la calle o practicar la mendicidad (+50%, de 22 a 33 casos).

Las situaciones de abandono de menores, entendidas como el hecho de que las personas encargadas de su guarda se desentiendan de sus cuidados, han pasado de 74 a 102, un 37,8% más.

El Código Penal castiga estas conductas con arrestos de 8 a 20 fines de semana de duración. Los jueces pueden imponer hasta 4 años de prisión en los casos más graves e, incluso, inhabilitar al acusado para el ejercicio del derecho de patria potestad, tutela, guarda o acogimiento familiar por tiempo de 4 a 10 años.

"Los casos de abandono y el incumplimiento del deber de custodia cumplen a menudo el patrón de padres muy jóvenes, cuyos hijos son fruto de embarazos no deseados o no planificados, a los que la crianza les sobrepasa. El consumo de drogas también aparece con frecuencia como causa de una vida desestructurada que imposibilita hacerse cargo de los hijos", precisa María Cerviño, responsable de Derecho de Familia del despacho Míguez Rúa Avogados.

"A esto suele unirse el machismo de que la responsabilidad de los hijos es solo de la madre. A la vista de los casos que conozco, suele haber un trasfondo de déficit de educación sexual, planificación familiar, responsabilidad y valor de la colectividad. Tenemos una crisis de valores, en la que se pierde de vista la importancia de la crianza y educación de los niños", concluye la abogada.