"El CSIC debería ser capaz de fichar investigadores vengan de donde vengan", una opción que "no es posible" para el mayor organismo de investigación del país, ha lamentado su presidente, Emilio Lora-Tamayo.

Actualmente, "El Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) es una Agencia Estatal de Investigación, un organismo autónomo "incompleto", sin estatuto propio ni capacidad de gestión", y con unos recursos que varían según la situación económica, ha explicado Lora-Tamayo en un acto con periodistas para conmemorar el 75º aniversario de esta institución científica.

Salir de esa situación requeriría un "acuerdo o pacto nacional" que fuera como un "reconocimiento unánime" de la importancia de la investigación para el desarrollo y el futuro de un país, y que asegurase "una línea de financiación constante, progresiva, y predecible" para el organismo.

Porque para el CSIC "lo bueno no es que haya aumentos presupuestarios importantes y puntuales", sino "que sean sostenidos y sostenibles en el tiempo, porque eso es lo que permite planificar bien los recursos y los objetivos" de un organismo como éste.

En ese sentido, Lora-Tamayo ha recordado la "angustia económica de 2013", cuando los recortes presupuestarios acumulados desde 2009, llevaron al CSIC al borde de la quiebra, una situación que el Gobierno solucionó con un Plan de Viabilidad, una subvención extraordinaria de 95 millones de euros y una mejora presupuestaria de 50 millones de euros consolidables.

Sin embargo, una vez superada la situación, el CSIC sigue afrontando dos graves problemas: la falta (y envejecimiento) de su personal investigador y técnico, y una estructura interna que le impide tener "una capacidad de gestión moderna y flexible como la que tienen otros centros de investigación nacionales e internacionales", ha subrayado.

"Cada año perdemos entre 150 y 200 trabajadores por jubilación", a lo que hay que sumar "al personal que antes apuntábamos en el haber del Consejo" y que eran "contratadas temporalmente gracias al programa JAE (Junta para la Ampliación de Estudios), que permitía hacer contratos a recién licenciados, a personal para hacer la tesis (4 años), a técnicos en formación (2 años), y a investigadores posdoctorales para realizar una actividad investigadora en el CSIC".

"Lamentablemente ese programa nunca ha tendido financiación específica", sino que se puso en marcha en un momento de bonanza económica (2006) y después no ha podido tener continuidad, ha criticado Lora-Tamayo.

Sin embargo, si el CSIC tuviera recursos sostenibles y un estatuto y un contrato de gestión o una ley 'ad hoc', tendría definida "su estructura, su capacidad, sus medios...", y podría gestionar sus propios recursos y volver a poner en marcha el programa JAE y "entrar en la dinámica de formación internacional, es decir, no sólo exportar, sino también importar investigadores".

Si la situación no cambia, y no se hace una apuesta seria por el futuro de este organismo que suponga una "inyección de recursos y personal joven", en pocos años el CSIC perderá su estatus actual ha advertido Lora-Tamayo.

El CSIC, hoy por hoy la primera institución pública de investigación en España y la tercera de Europa, sólo por detrás del Max Plank de Alemania y el CNRS francés, agrupa al 6 % del personal investigador de España, produce el 20 % del conocimiento científico del país, y es el primer organismo público por número de patentes.

Además, en los últimos años, el CSIC ha participado o apoyado el nacimiento de un centenar de "spin off" (empresas surgidas a raíz de algún proyecto de investigación o innovación), de las que 85 siguen en activo.