Los últimos escándalos de corrupción como la 'operación Púnica' o el de las tarjetas 'B' de Caja Madrid han despertado la preocupación tanto en el Gobierno como en el PP de que prosiga la 'sangría' de casos y temen que esto les pase factura en las urnas.

Así lo han asegurado fuentes del Ejecutivo consultadas, que han reconocido que las últimas noticias que se están conociendo son un "torpedo" contra todo el trabajo que se ha venido realizando.

Tanto en el Gobierno como en el PP comprenden la indignación de los ciudadanos ante los nuevos casos de corrupción, pero recalcan que la misma indignación se siente en Moncloa y Génova por lo que han hecho las personas afines al partido.

Por todo ello, tanto estas fuentes como otras del Partido Popular asumen que los casos en los que están implicados exdirigentes de esta fuerza política enturbian todas las actuaciones llevadas a cabo. Y reconocen que también afectan al mensaje central que el Gobierno pretende trasladar a la sociedad respecto a la recuperación económica.

Todo ello se traduce en una preocupación por el efecto que los casos de corrupción pueden tener en las urnas.

En ese sentido, en el PP (y también en el PSOE) se espera con inquietud la encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas que se conocerá la próxima semana, que incluirá intención de voto y que se baraja que puede certificar el auge de Podemos frente a los partidos tradicionales.

Aunque ese resultado no sea óptimo para el Partido Popular, las fuentes consultadas destacan que aún queda tiempo para las próximas citas electorales y hay margen para la recuperación.

Pero, para ello, existe un sentimiento unánime de que hay que actuar de forma contundente y trasladar nítidamente a la sociedad un mensaje de intolerancia a los casos de corrupción propios.

Incluso hay voces que apuestan por dar un vuelco al partido donde esos casos están siendo más visibles, como Madrid, aunque el jefe del Gobierno, Mariano Rajoy, expresó esta semana su claro apoyo a la presidenta del PP en esta comunidad, Esperanza Aguirre, que esta semana pidió perdón por haber confiado en Francisco Granados, exsecretario general del PP de Madrid y detenido en el marco de la 'operación Púnica'.

En el Ejecutivo recuerdan que en su primera reunión ya se planteó la reforma de la ley orgánica de financiación de los partidos y, posteriormente, se adoptaron otras medidas como la limitación de las cesantías que cobraban los ex altos cargos, la reforma de le ley de prevención y blanqueo de capitales y el refuerzo de la lucha contra el fraude.

Especial trascendencia se otorga a la que es la primera ley de Transparencia, que entrará en vigor el próximo mes, y a las dos iniciativas que envió el Gobierno al Congreso en febrero: el proyecto de ley orgánica de control de la actividad económico-financiera de los partidos y el proyecto de ley reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración del Estado.