"Era, claramente, una tarjeta conocida, controlada y ligada al cargo". El exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato ha comparecido este jueves en la Audiencia Nacional para aclarar ante el juez Andreu su presunta participación en el escándalo de las tarjetas 'B' de Caja Madrid y Bankia, entidades que presidió entre 2010 y 2012. Fuentes jurídicas han dado a conocer a 20minutos un resumen de las declaraciones del exvicepresidente, que en todo momento ha defendido su creencia de que el uso de las tarjetas era legal.

Rato declaró en sede judicial que el plástico le fue entregado el primer día que llegó a Caja Madrid "por el director financiero [Sánchez Barcoj] junto con otra tarjeta de representación. Era para mi uso personal con un tope anual", explicó, al tiempo que aseguró que la misma formaba parte de su retribución salarial, y como tal la aceptó: "Por tanto, estaba incluida en mi salario y respondía a mi contrato. Su retención se producía como la de cualquier otro concepto salarial, siendo plenamente coherente con mi cifra anual de retribuciones netas", añadió.

Tras insistir en que eran un instrumento "público y conocido" para los miembros del consejo y el comité de dirección, Rodrigo Rato negó que "en ningún caso" los gastos pudieran ser ocultos, ya que sus movimientos quedaban "perfectamente registrados" y se sustentaban en un contrato estándar de Visa. Recalcó además que "la entidad conocía el uso detallado de la tarjeta y tenía en su poder el detalle de cada operación. El departamento tributario y fiscal era el responsable y el encargado de aplicar las retenciones correspondientes a las retribuciones y, por tanto, de las tarjetas", insistió, a la vez que reconoció haber dado por hecho que lo que gastaba con la tarjeta formaba parte de su retribución global y que tanto ésta como sus retenciones "estaban incluidos en mi certificado anual de retenciones, como no podía ser de otra forma al formar parte de mi salario".

Después, el expresidente de Bankia explicó que la entidad había dado de alta su tarjeta el día de su incorporación, y la dio de baja el mismo día de su dimisión. Entonces quedaron anuladas ambas tarjetas, "al tiempo que renuncié a cualquier indemnización que legalmente me pudiera corresponder, incluida la que figuraba en mi contrato en concepto de dos anualidades por no concurrencia". Durante todo su mandato, explicó, en ningún momento un responsable ejecutivo o consejero le planteó dudas o cuestiones sobre la tarjeta, ni se le hizo llegar "jamás" que Hacienda hubiera planteado en una inspección de 2007 la necesidad de que estas tarjetas no fueran contabilizadas como gasto de la entidad.

Rato fue abucheado a su llegada a la Audiencia Nacional, y tras su comparecencia, el juez decretó una fianza civil de tres millones de euros, que deberán ser abonados en un plazo máximo de tres días hábiles. Ante el juez, reconoció que en julio de 2014 la entidad que había presidido le comunicó "que la tarjeta en cuestión había sido emitida sin el soporte ni la contabilización adecuadas". Por ello, tal como declaró, ya consignó la cantidad reclamada, así como la atribuible a la Fundación Caja Madrid.

Mientras, el exdirector financiero de Caja Madrid Ildefonso Sánchez Barcoj se ha desvinculado ante el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu de la creación de las 'tarjetas B' de la entidad, con las que 86 exconsejeros y exdirectivos cargaron 15,5 millones de euros entre 1999 y 2012.

Durante su interrogatorio, que se ha prolongado durante una hora y diez minutos, Barcoj ha asegurado al magistrado que esta práctica ya existía cuando él ingresó en Caja Madrid en la década de 1980, han informado fuentes jurídicas. Asimismo, ha alegado que sus gastos correspondían al ejercicio de sus funciones, y ha incluido sus viajes, como uno que realizó al centro de Europa coincidiendo con el cierre del mercado.

Barcoj ha llegado a la Audiencia Nacional poco después de las 14.30 horas de este jueves en taxi, vehículo en el que también ha abandonado el tribunal a las 16.25 horas. Tras su declaración, el antiguo directivo de Caja Madrid ha declinado dar su versión de los hechos.

Según la documentación que obra en manos del juez, Sánchez Barcoj no solo era el principal responsable de la gestión de las tarjetas, sino que fue su principal beneficiario, cargando 484.200 euros a Caja Madrid y otros 98.789 a Bankia, que ya devolvió. También se ofreció a devolver lo sufragado por Caja Madrid a la Fundación del mismo nombre, heredera de la obra social de la entidad, pero terminó por consignar la cifra en una cuenta del juzgado de Andreu.

En el escrito en el que acompañaba el cheque, ya se desligaba de la gestión de esta tarjeta al afirmar que se le entregó como un complemento "muy poco significativo" de su salario y que ya se usaban en los años 1980. Además, subrayaba que es "rotundamente falso" que haya intervenido en la creación de las tarjetas, "oportunidad de su uso, determinación de las personas a las que debía asignarse, límite económico anual y la forma con que habrían de ser utilizadas".

Sánchez Barcoj cedió el turno al expresidente de Caja Madrid Miguel Blesa, que comenzó a declarar a primera hora de la tarde para después hacerlos su sucesor, Rodrigo Rato.

Blesa ha defendido la legalidad de la tarjeta a la que cargó 436.688,42 euros porque era un complemento retributivo "de libre disposición" a su sueldo, aunque ha dicho que ha regularizado su situación ante Hacienda al comprobar que sus declaraciones no eran correctas.

El exbanquero ha declarado durante una hora como imputado ante el juez Andreu, a quien ha afirmado que las tarjetas eran una tradición "consuetudinaria" e institucionalizada en la caja desde mucho antes de que tomara las riendas en 1996, han informado fuentes jurídicas. Además, ha añadido, según las fuentes consultadas, que él jamás entregó a nadie ninguna tarjeta porque era una cuestión del departamento de Recursos Humanos y que aunque, sí que les dio su visto bueno, él no tomaba ningún tipo de decisiones y elevaba el asunto al comité de medios.

Preguntado por el fiscal por la cuenta "de fraudes" a la que se cargaban de manera manual todos los gastos generados por las tarjetas B de los 86 exconsejeros y exdirectivos de la entidad, ha subrayado que "no hay ninguna cuenta opaca" porque todo es visible a "quien lo analiza" y que la Auditoría Interna lo debía de conocer.

A preguntas del fiscal Anticorrupción Alejandro Luzón, Blesa ha asegurado que nunca fue consciente de que el importe que tenía asignado no se incluyera en su certificado de retenciones. En todo caso, ha añadido, suponía solo un 2% de su retribución, que en su último año al frente de Caja Madrid ascendió a 3,5 millones.

Pese a que no alcanza a entender por qué debería devolver los más de 430.000 euros de los que disfrutó al tratarse de una retribución complementaria a su sueldo, ha subrayado que ha regularizado su situación desde el punto de vista fiscal al darse cuenta que sus declaraciones no eran correctas tras el estallido del escándalo. Según las fuentes consultadas, el exbanquero ha insistido en todo momento en que nunca nadie le dio explicaciones sobre la manera en que se gestionaban las tarjetas, a lo que el fiscal le ha respondido con dureza: "Las explicaciones las tiene que dar usted".

Blesa, que vestía traje de color azul oscuro, llegó a la sede judicial poco antes de las dos, a bordo de un Nissan Juke de color gris y en compañía de su abogado, Carlos Aguilar. Su entrada en la calle Prim de Madrid pasó casi desapercibida para las varias decenas de preferentistas que congregaron en las inmediaciones de la Audiencia Nacional para reclamar el dinero que invirtieron en este producto financiero.

Los concentrados gritaban consignas como "chorizos, puteros, con nuestro dinero" o "aquí estamos, nosotros no robamos", aunque no se ha producido ningún altercado gracias al fuerte dispositivo policial desplegado en el entorno de la madrileña calle Prim.