Hoteles en zonas protegidas, viviendas sin permisos, supuestos pagos de promotores a concejales... Las elecciones municipales llegan a Granada en plena batalla urbanística con casi todos los partidos políticos salpicados de denuncias. Y es que el ladrillo, además de dar dinero, sirve de arma arrojadiza en la campaña electoral y hace trabajar a la Fiscalía.

Los ayuntamientos de Almuñécar, Ogíjares, Armilla, Alhendín, Monachil, Íllora, Atarfe, Freila, Beas de Granada, Otura, Castell de Ferro y Peligros están siendo investigados o han sido condenados en las últimas semanas por diversos motivos urbanísticos.

El centro comercial Nevada de Armilla fue de los primeros casos que salieron a la luz y que ha hecho que su alcalde no se presente a la reelección. Ogíjares es otra de las localidades en el punto de mira por las supuestas irregularidades en la construcción de un pabellón y una piscina municipal, que hicieron dimitir al concejal de Urbanismo José Luis del Ojo. En Alhendín las obras de un polígono también han terminado con la carrera política de varios de los miembros de este Ayuntamiento, y en Almuñécar, su PGOU es uno de los más conflictivos.

Presuntas irregularidades

La Fiscalía investiga la venta de cuatro solares municipales a la secretaría del alcalde de Íllora; Atarfe ha llegado ante el fiscal por la adjudicación de un parque y la construcción de apartamentos en suelo de equipamientos, y el alcalde de Gualchos (Castell de Ferro) ha sido condenado a un año de cárcel por dar licencia de obras con la normativa en contra. El Consistorio de Beas de Granada también está en el juzgado por la presunta concesión ilegal de una licencia a la madre de una concejala.