La Audiencia de Barcelona ha ordenado la busca y captura e ingreso en prisión de uno de los 18 presuntos integrantes de una red de prostitución que explotó sexualmente a més de un centenar de mujeres chinas, después de que no compareciera a su juicio, en el que afronta una condena de 19 años de cárcel.

En la sección sexta de la Audiencia de Barcelona debía iniciarse este martes el juicio contra una veintena de supuestos miembros de una banda dedicada a traer a España a mujeres chinas, a las que explotaban sexualmente obligándolas a prostituirse en pensiones de la capital catalana y de Santa Coloma de Gramenet (Barcelona).

Sin embargo, el tribunal ha acordado la suspensión del juicio al no comparecer uno de los supuestos proxenetas, que afronta una condena de 19 años de cárcel, por lo que ha decretado su busca y captura e ingreso en prisión. El juicio empezará el jueves y si el fugado no aparece, será juzgado en rebeldía.

Los acusados afrontan penas de hasta 54 años de cárcel (a la que se enfrenta el cabecilla de la banda, mientras que la de su hermano es de 40), por los delitos de favorecimiento de la prostitución ilegal, trata de seres humanos, determinación a la prostitución, falsedad en documento oficial y en tarjetas de crédito, tenencia de armas y tráfico de drogas. También se les imputa un delito de prostitución de menores, dado que en la investigación efectuada por los Mossos d'Esquadra se averiguó que la banda había obligado a prestar servicios sexuales a seis menores de edad, a sabiendas de que tenían menos de 18 años.

Según el fiscal, los acusados captaban a sus víctimas con falsas promesas de trabajo y facilitaban su entrada en España, a menudo mediante la confección de documentos de identidad falsos. Después las obligaban a prostituirse en contra de su voluntad para saldar la deuda contraída con los proxenetas. Eran obligadas a mantener relaciones sexuales sin preservativo y a tomar medicamento abortivos si se quedaban embarazadas. La explotación que sufrían era tan cruel que, a menudo, eran obligadas a ejercer ocho servicios de entre 45 y 60 minutos seguidos sin ningún descanso.

La policía descubrió el caso después de que una de las víctimas contrajera el sida y se suicidara, y pudo seguir las pistas de la banda, que se anunciaba por las calles de Barcelona repartiendo tarjetas en las que ofrecía servicios sexuales. Además, contaron con las llamadas de algunos vecinos de los pisos convertidos en prostíbulos y con la denuncia de una mujer que aseguraba que su hija había caído en manos de la red.

Según la Fiscalía, la red operó, al menos, desde 2010 y hasta septiembre de 2011, cuando los Mossos organizaron un importante dispositivo que conllevó el registro de varios pisos en Barcelona, Santa Coloma de Gramenet, Sant Adrià del Besòs, Badalona, Sabadell, Terrassa, Cerdanyola del Vallès, Sant Boi de Llobregat, Castelldefels, Vilanova i la Geltrú y Manresa (Barcelona).

Además de favorecer las actividades de prostitución, sostiene el Ministerio Público, los procesados elaboraron también tarjetas de crédito falsas y se dedicaban a la venta de sustancias estupefacientes. Los Mossos encontraron un almacén en Sant Feliu de Llobregat preparado para cultivar 400 plantas de marihuana. Además, los agentes hallaron dos kilos de ketamina y 2.500 pastillas de éxtasis y abundante documentación falsificada de gran precisión.