El acuerdo del Consejo de Ministros de Justicia e Interior incluye la reserva provisional de media docena de países, algunos de los cuales necesitan la confirmación de sus Parlamentos o Gobiernos.

Los ministros de Justicia de la UE adoptaron una decisión marco que establece penas de entre uno y tres años de prisión para las incitaciones a la violencia contra grupos por su origen étnico o nacional, así como para la negación de los crímenes contra la Humanidad o los genocidios reconocidos por tribunales internacionales.