Un año y seis meses de cárcel, accesorias de inhabilitación para cargo público y una multa de 24.000 euros. Es la pena que pide la Fiscalía de Sevilla para alcalde de Camas, Agustín Pavón (IU), dos ex concejales del PP y uno del PA, acusados de entregar 12.000 euros a una ex concejal de IU para comprar su voto.

Beneficios económicos

El escrito de acusación, al que tuvo acceso Efe, acusa al alcalde de Camas, Agustín Pavón (IU), los entonces concejales del PP José del Castillo y Enrique Fraile, Aureliano Lucas (PA) y al empresario Eusebio Gaviño de un delito de cohecho por ofrecer un "beneficio económico" a la concejala de IU María del Carmen Lobo, para que ésta "volviese" al Equipo de Gobierno.

De esta manera y tras reunirse con Francisco Gordo Vázquez se acordó que recibiría un a compensación económica de 12.000 euros si su voto era favorable a la aprobación del pleno

Un equipo de gobierno en minoría

El documento, presentado ante el Juzgado de Instrucción número 2 de Sevilla, recoge que el Ayuntamiento de Camas en Sevilla en el 2005 y, como consecuencia de una serie de "vicisitudes políticas", se encontraba en una situación de "práctica paralización", producida por estar el Equipo de Gobierno en minoría.

Un soborno pactado

Añade que desde que comenzaron las reuniones, Francisco Gordo las puso en conocimiento de María del Carmen Lobo, y decidieron ambos que fingirían acceder a sus pretensiones para comprobar hasta donde estaban dispuestos a llegar.

Tras algunas reuniones más el imputado Eusebio Gaviño se citó con María del Carmen Lobo en la noche del 12 de septiembre de 2005, hecho que se puso en conocimiento de la Brigada Provincial de Policía Judicial, y durante la reunión, el acusado le entregó 12.000 euros a cambio de votar favorablemente en unos determinados puntos del Pleno del Ayuntamiento de Camas que se celebraría al día siguiente, 13 de septiembre.

La Fiscalía recoge que el día 13 de septiembre de 2005, María del Carmen Lobo votó en el Pleno Municipal del Ayuntamiento en contra por lo que recibió los 12.000 euros. Por estos mismos hechos, la acusación particular ha pedido dos años de cárcel y cinco de inhabilitación para cargo público para los cuatro acusados, además de una multa de 36.000 euros, el triple de la cantidad que presuntamente se entregó como soborno.