La Plataforma Ciudadanía contra la Exclusión Sanitaria considera que la aplicación del Programa de Protección Social de la Salud Pública puesto en marcha por la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales para garantizar la atención sanitaria de los 3.000 inmigrantes residentes en la comunidad autónoma que perdieron su tarjeta sanitaria está siendo un "fracaso".

En un comunicado, la Plataforma ha señalado que tras ocho meses de aplicación, y con datos actualizados hasta el 27 de mayo, "solo" 101 personas han solicitado el acceso a dicho Programa (2,6%) y de ellos 37 han sido admitidos.

Tras conocer esos datos por parte de la Consejería, la Plataforma le ha respondido expresando su "preocupación" por la "falta de información y difusión" del programa que, a su juicio, existe. Según ha defendido, ésta "se constata" entre el personal administrativo y sanitario de los centros de salud.

Este grupo se ha quejado que no se haya informado por carta a los inmigrantes susceptibles de integrarse en el Programa y que no se haya emprendido una campaña de difusión de impacto que permita hacer llegar la información a un colectivo, a su juicio, "invisibilizado, como es el de los inmigrantes en situación irregular".

Ciudadanía contra la Exclusión Sanitaria entiende que "el grado de consenso" alcanzado en la sociedad a favor de la restitución de la atención sanitaria pública a los inmigrantes sin permiso de residencia, insta al gobierno regional "a poner los medios para la resolución real del problema".

Según ha defendido, este consenso "se ve reflejado" en los posicionamientos de trabajadores sociales y sanitarios, en las demandas de las instituciones y grupos que ejercen la solidaridad con este colectivo, o en el pronunciamiento del obispo de la diócesis de Santander.

Además, ha apuntado que diferentes partidos "de todo el espectro político" —EQUO, IU, PRC, PSOE, IU, Círculo Podemos Santander y SAIN— han firmado un documento que la Plataforma ha dirigido a la Consejería de Sanidad planteando "la necesidad de implantar el Programa de manera eficiente e inclusiva, con la máxima difusión, simplificando los requisitos administrativos, y con el objetivo de recuperar la asistencia sanitaria pública para todas las personas".

También, se insta al Gobierno regional a la defensa ante el Gobierno de España de una derogación urgente del Decreto 16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones.

La Plataforma ha pedido a la consejera, María José Sáenz de Buruaga, que "demuestre que cumple su compromiso de asegurar el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud", como se establece en el Pacto Internacional de Derechos Sociales, Económicos y Culturales y en la Constitución Española. ."