La Diputación de Castellón ha conseguido situar su deuda en la mitad de lo que permite la ley en los últimos tres años, al reducirla en 48,5 millones de euros, pasando de 139.995.608 euros, en junio de 2011, a 91.426.111 euros en julio de este año.

Así lo ha dado a conocer este lunes el vicepresidente económico de la institución, Miguel Barrachina, quien ha presentado los datos correspondientes al segundo trimestre de 2014, tras haberse aprobado el pago de las amortizaciones de los préstamos suscritos con entidades financieras.

Este mes se ha procedido al pago de 2,3 millones de euros por este concepto a los bancos, reduciendo en casi un millón de euros la deuda con el Estado, con lo que, desde que comenzó el año, la Diputación ha reducido su deuda en 6.600.000 euros.

Barrachina ha asegurado que "estamos consiguiendo hacer una administración menos endeudada y más eficiente, que libera recursos para destinarlos a lo que realmente importa, que es invertir en la calidad de vida de nuestros ciudadanos".

Asimismo, ha destacado que "sólo en tres años, y gracias al esfuerzo encabezado por nuestro presidente, y secundado por todos los trabajadores de esta casa, hemos podido reducir en un 40% el dinero que se pagaba por intereses y que ahora destinamos a seguir invirtiendo en la provincia".

"La sociedad castellonense nos necesita solventes, ágiles, poco endeudados y eficaces en el pago, así sea con los 5.800 proveedores con los que nos relacionamos, como con los 135 ayuntamientos", ha concluido Barrachina.

En este sentido, de los 91.426.110 euros que conforman la deuda de la Diputación, 62.459.152 corresponden a créditos con entidades financieras y 28.966.957 a deuda con la Administración General del Estado.

De este modo, el nivel de deuda viva es de 62.459.152 euros, que sobre los recursos ordinarios de la institución representan un 52,1%, inferior al 110% establecido en la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Desde la Diputación recuerdan que las claves económicas que ha fijado el presidente, Javier Moliner, son máxima solvencia que permita realizar pagos a ayuntamientos y a los empleados con la máxima rapidez, a través de una elevada disponibilidad en tesorería; morosidad cero con proveedores, y máxima celeridad en todos los pagos.