La Audiencia de Granada ha archivado en un auto la primera denuncia que se presentó en el país por un caso de presunto robo de bebés al considerar que ha prescrito, una resolución que los afectados recurrirán presentado un recurso de nulidad.

La denuncia la presentaron el abogado granadino Eduardo Raya y su mujer en marzo de 2010 al estar convencidos de que los restos de un bebé que les entregaron al salir del hospital no eran los de su hija recién nacida.

La hija de los denunciantes nació el 6 de junio de 1990 en un hospital granadino tras una cesárea urgente a la madre y los progenitores comenzaron años después un largo proceso judicial.

El Juzgado de Instrucción 2 de Granada archivó el caso, aunque los padres apelaron ante la Audiencia de Granada, que estimó parcialmente su recurso y abogó por agotar la investigación de un caso que dos años después ha archivado al considerar que ha prescrito.

Raya ha detallado que el pronunciamiento judicial es "inhumano" y que no comparte que se considere prescrito cuando existe jurisprudencia contraria al pronunciamiento de la Audiencia.

Los denunciantes han lamentado que la Audiencia no analice los nueve informes realizados por el hospital granadino en el que nació su hija a pesar de que son contradictorios, ni atienda los estudios de ADN realizados por un laboratorio certificado para este fin.

Durante este proceso judicial se analizó el hígado de la niña conservado en parafina por el hospital, lo que según los padres descartó que estos restos correspondieran a su hija.

Eduardo Raya, que preside la Asociación Nacional ADN-D de afectados por robo de bebés, ha mantenido desde el inicio que cambiaron a su hija por un bebé moribundo tras su nacimiento en el Hospital Clínico de Granada.

Ha adelantado que presentarán un incidente de nulidad contra el pronunciamiento de la Audiencia de Granada y que, si no es atendido, presentarán un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional (TC) para que se analice el fondo del caso y los diferentes informes presentados por los denunciantes.

Este padre logró de mayo del pasado año el apoyo de la responsable de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, Erminia Mazzoni, que decidió solicitar "información adicional" sobre los diferentes aspectos del problema, una petición a la que se sumaron otras familias granadinas.