Los gastos que asuma el Ministerio de Educación por la escolarización privada en castellano serán comunicados al de Hacienda y podrán ser "retenidos o deducidos" de la financiación autonómica de la comunidad correspondiente.

Es la forma en que el Gobierno repercutirá a la comunidad afectada ese coste en el caso de los alumnos que no tengan garantizada la enseñanza en castellano como lengua vehicular en centros públicos o concertados y tengan que recurrir a privados para recibirla, ha explicado el ministro de Educación, José Ignacio Wert, tras el Consejo de Ministros.

"En modo alguno se está intentando establecer un modelo de utilización del castellano vehicular exclusivamente en aquellas comunidades con lengua cooficial, sino reconocer el derecho a recibir la enseñanza también en español", ha precisado Wert.

El Consejo de Ministros ha aprobado un real decreto que desarrolla los procedimientos administrativos de esta cuestión, prevista por la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce).