Extrabajadores de RTVV increpan a Lluís Motes en su declaración como imputado en los juzgados

  • La antigua cúpula de Canal 9 y Ràdio 9 comparece ante la Justicia.
  • Compromís denunció el agujero de 1.300 millones de euros.
  • Investigan contratos irregulares y servicios fuera de presupuesto.
  • Motes se desmarca de los gastos y alega que los aprobaba la Generalitat.
Motes, a su llegada a los juzgados de Paterna (Valencia), donde ha sido increpado por extrabajadores de RTVV.
Motes, a su llegada a los juzgados de Paterna (Valencia), donde ha sido increpado por extrabajadores de RTVV.
Juan Carlos Cárdenas / EFE
Motes, a su llegada a los juzgados de Paterna (Valencia), donde ha sido increpado por extrabajadores de RTVV.

El exdirectivo de RTVV Lluis Motes ha declarado este martes en el juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 6 de Paterna (Valencia) por presuntas irregularidades en contratos de la sociedad al gritos de "corrupto", "ladrón" y "sinvergüenza".

Motes se ha presentado en el órgano judicial sobre las 9:15 horas, donde le esperaban una treintena de extrabajadores de RTVV que le han recibido al grito de "corrupto". Asimismo, portaban pancartas en las que se podía leer dimissió o moniato y petos con el lema La televisió valenciana no es tanca. Els treballadors no som els culpables.

El exdirector de Ràdio 9, que también dirigió los informativos de Canal Nou, ha defendido ante el juez que durante su etapa en la sociedad se preocupaba por conseguir una buena programación para aumentar la audiencia y se ha desvinculado de cualquier gasto o de los presupuestos, que venían aprobados por la Generalitat, han informado a Europa Press fuentes conocedoras de la declaración. Además, ha incado que seguía órdenes.

También está citado a las 12:00 horas de este martes el exdirectivo de la sociedad Luis Redondo y este miércoles será el turno de la exdirectora de Ràdio 9 Nuria Romeral. Todos ellos declaran en calidad de imputados.

Así mismo, para el día 23 de julio está citada, también como imputada, la exdirectora de Televisión Valenciana (TVV) y exsecretaria autonómica de Comunicación del Consell, Lola Johnson, (a las 10.00 horas) y, al día siguiente comparecerá el exdirector general de RTVV José López Jaraba, en una causa abierta por los presuntos delitos de apropiación indebida, administración desleal y malversación de caudales públicos.

Un agujero de 1.300 millones de euros

Este procedimiento se originó a raíz de una denuncia interpuesta por Compromís en la que acusaba a la excúpula de RTVV de generar un presunto agujero de 1.300 millones en contratos con medios de comunicación y productoras. El modus operandi era, según recoge la denuncia, contratar fuera de presupuesto productos y servicios cada año por importe de 80, 90 o 120 millones de euros, lo que generaba una "desviación" que se vio reflejada en los informes de la Sindicatura de Comptes.

En concreto, la denuncia abarca las actuaciones comprendidas desde el 2010 hasta la actualidad, para evitar que algunos delitos societarios hubieran podido prescribir. En ella, Compromís expone la "disposición dolosa de los recursos de que consta el ente público sin justa causa y en perjuicio de las arcas públicas" desde el ejercicio 2010, cuando la Sindicatura de Comptes ya apuntaba que TVV y RAV se encontraban en causa de disolución.

Derechos deportivos, contratos y documentales de productoras

Entre otros, se refiere a la adquisición de derechos deportivos, de colaboración comercial entre TVV y el Villarreal CF, al "irregular tratamiento" de los ingresos publicitarios, la existencia de un crédito a favor de RTVV de 901.000 euros de Las Provincias Televisión y Televisión del Mediterráneo por el múltiplex o la adquisición de los derechos de emisión de tres documentales a la productora Triskel.

Los denunciantes consideran que los cinco exdirectivos de RTVV ejecutaron cargos mercantiles "con desprecio manifiesto de la más elemental lex artis mercantil y empresarial, y al margen de sus deberes en relación con la situación financiera del ente", contrataron "incumpliendo los procedimientos legales" y "ocultaron contratos aduciendo para ello una presunta confidencialidad impropia en la gestión de fondos públicos".

También les considera responsables de la "concesión de ventajas comerciales a clientes, que hacían que el servicio ofrecido por el ente público careciera de beneficio para el ente" o "falta de justificación" en las contrataciones.

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