El plazo medio para que los dependientes reciban las prestaciones reconocidas supera los 300 días en la Comunidad Valenciana, Andalucía y Extremadura, así como en Asturias, aunque esta comunidad no ha aportado hasta ahora los datos al respecto al Tribunal de Cuentas.

Así se desprende del primer informe del Observatorio de la Dependencia de España, formado por patronales y sindicatos, que analiza el desarrollo de la ley de dependencia tras ocho años en vigor. En este documento se analiza, a partir de datos oficiales,del Tribunal de Cuentas, la EPA y el IMSERSO, la situación de "dificultad" por la que atraviesa este sector.

El texto, presentado este miércoles, destaca que algunas comunidades no efectúan el reconocimiento de la prestación hasta que disponen de crédito presupuestario suficiente para hacerla efectiva, lo que implica el retraso en otorgar la ayuda reconocida a las personas dependientes.

De este modo, el plazo medio para la resolución de ayudas a la dependencia se estima en 200 días (siete meses), en las comunidades de Canarias, Murcia, Aragón, Baleares, Castilla-La Mancha y Galicia. Asimismo, el informe subraya que el crecimiento del empleo generado en el sector de la dependencia "se ralentiza" y ha caído un 22,5% desde 2012.

Según los datos recogidos en el estudio del Observatorio de la Dependencia, el repago medio de servicios de dependencia por cada usuario ha pasado de 960,88 euros anuales en 2009 a 1.613,59 en 2013, por lo que la aportación media de los usuarios ha crecido casi 700 euros, un 68%, durante los años de la crisis.

Al mismo tiempo, el gasto público medio por cada persona dependiente ha pasado de 8.648 euros en 2009 a 6.879  en 2013, un 20,4%. Este dato, reza el informe, es incluso más grave si tenemos en cuenta el descenso del número de beneficiarios por año: menos beneficiarios y menos gasto por beneficiario.

En cuanto a la financiación del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, la aportación del Estado a la ha ido bajando desde 2010, mientras que la de las comunidades también ha descendido desde 2011. Sin embargo, el repago del usuario es el único valor que aumenta constantemente durante el periodo que abarca el informe, pasando de 387 millones de euros en 2009 a 1.209 millones en 2013.

El informe concluye así que "parece evidente que es el usuario el que está soportando el recorte de la financiación pública de la dependencia".

El presidente de la FED, José Alberto Echevarría, ha denunciado la opacidad que hay en torno a la fianciación aportada al sistema por las comunidades autónomas. Según ha advertido, las autonomías están financiando "escasamente" el 30% de la ley, cuando ésta debería alcanzar el 50%. "Que digan las comunidades cuánto destinan a la dependencia", ha aseverado Echevarría, para añadir que "poco debe ser" porque actualmente hay 184.000 dependientes a la espera de ser atendidos. En total, hay en España 924.000 dependientes reconocidos, de los que 726.000 reciben una prestación o servicio.

Antonio Cabrera, secretario de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CC OO, ha apuntado que "los servicios de atención a la dependencia dan empleo a más de 420.000 personas de las que el 86% son mujeres". El informe, que pone de relieve la necesidad de ir hacia una "acreditación de los servicios" y hacia "una profesionalización del sector", subraya que se ha constatado una pérdida de empleo femenino desde 2012.

El presidente de la Asociación de Empresas de Servicios de la Dependencia (Aeste), Jorge Guarner, ha destacado en la rueda de prensa celebrada en la sede de la CEOE que tras más de siete años de la puesta en marcha de la Ley de Dependencia "persiste la vulneración de la misma por parte de las administraciones", que "han primado los cuidadores no profesionales, que eran excepcionales, frente a los servicios".

En este sentido, ha precisado que la proporción es de un 42,8% de servicios prestados por cuidadores no profesionales, frente al 13,95% de servicios de atención residencial. Ha añadido que si ese 42,8% sigue reduciéndose al ritmo anual del 2,5%, hasta dentro de 20 años no habrá alcanzado esa excepcionalidad que le otorgaba la Ley de Dependencia.

Pilar Navarro, secretaria de Salud, Sociosanitario y Dependencia de FSP-UGT, ha señalado que el informe constata que "los puestos de trabajo generados por el sector están muy por debajo de las expectativas", al tiempo que ha mostrado su preocupación por el retraso de algunas autonomías para dar las certificaciones a los trabajadores del sector, lo que "dificulta la renovación de contratos".

Para Vicente Sánchez, secretario de Construcción y Servicios de CC OO, es importante destacar "la formación específica que han realizado las trabajadoras del sector y el esfuerzo en tiempo, dedicación y económico realizado, que ahora se pierde por la destrucción de empleo".

La normativa relativa a la Ley de Dependencia es enorme, según constatan sindicatos y patronales, pues incluye más de 671 normas de comunidades autónomas y 134 estatales. Asimismo, alertan de la desigualdad de condiciones de acceso a las prestaciones del sistema en función de donde vive el beneficiario.

José Alberto Echevarría ha asegurado que algunas comunidades no efectúan el reconocimiento de las prestaciones hasta que disponen del crédito presupuestario para hacerla efectiva, restringiendo así el derecho subjetivo de los dependientes. También ha indicado que al no apostar los gobiernos autonómicos por los servicios residenciales (14%), hay actualmente 55.000 plazas vacías y han cerrado ya 400 residencias.

"Tenemos que parar y decir 'basta'", ha afirmado el presidente de AESTE, Jorge Guarner, que ha reclamado a los partidos políticos, que, esta ley, aprobada con el consenso de todos, "está yendo por unos derroteros, que hay que corregir". Asimismo, ha insistido en la necesidad de que se regule a nivel estatal la acreditación de servicios profesionales y el copago para la viabilidad del sistema.