La cita que este miércoles tenía en el Juzgado de Instrucción número 1 de Guadalajara la exconsejera de Educación, María Ángeles García, para declarar como imputada junto a un exalto cargo y un inspector, por un supuesto de delito de prevaricación cometido en la tramitación de un expediente sancionador a una profesora de Cabanillas del Campo (Guadalajara) ha quedado suspendida.

Así lo han confirmado a Europa Press fuentes judiciales, que han asegurado que dicha suspensión se ha llevado a cabo en base a la petición formulada por una de las partes personadas hace varias semanas que planteaba en el juzgado "una cuestión de competencia territorial".

Es decir, esta parte entendía que la sede la Consejería de Educación se encuentra en Toledo y no en Guadalajara, y que por tanto existía una falta de competencia para tratar esta cuestión aquí, asunto que se trasladó a la Fiscalía desde donde se ha informado de manera favorable.

Así, con fecha 4 de junio el Juzgado de Instrucción número 1 de Guadalajara ha dictado un auto en el que se declara "aceptar la cuestión de competencia territorial", y remitir el procedimiento a los Juzgados de Toledo para que sean los que conozcan del asunto e investiguen las diligencias previas de investigación abiertas.

Lo que se va a realizar ahora es investigar los hechos que han motivado dicha denuncia, sin que de momento se sepa qué juzgado lo llevará.

Junto a García, también están imputados y citados para declarar el exdirector general de Personal Docente de la Consejería de Educación Antonio Serrano Sánchez y el inspector que instruyó el expediente disciplinario objeto de denuncia, Ángel García Dorado. Los tres estaban citados este miércoles a partir de las 10.45 de este miércoles en Guadalajara.

Los hechos tuvieron lugar en 2009; en que una profesora del IES de Cabanillas 'Ana María Matute' resultó sancionada a once meses y medio sin empleo y sueldo por varias faltas graves, sanción que fue recurrida, que ganó la docente y que a su vez recurrió la Junta ante el Tribunal de Justicia de Castilla-La Mancha, desde donde se desestimó dicho recurso y se ratificó la nulidad de dicho expediente.

A partir de aquí la profesora denunció a las tres personas imputadas al entender que, en el caso de Ángeles García, que era consejera de Educación en ese momento y quien nombró a García Dorado, de quien la docente entendía que no estaba capacitado para instruir el expediente, y en cuanto al inspector, consideraba que fue quien dictó la resolución.