Unión, Progreso y Democracia (UPyD), que ejerce la acusación popular en la causa en la que se investiga la fusión y salida a Bolsa de Banca Cívica, ha recurrido la decisión del juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco de archivar el procedimiento por la "falta de información" con que contaron los peritos del Banco de España para realizar sus análisis.

En un recurso presentado en reforma ante el propio instructor y en apelación ante la Sala de lo Penal, al que ha tenido acceso Europa Press, UPyD señala que en el informe ratificado el pasado 9 de junio los peritos del organismo supervisor apuntaron que "no les había sido posible dar respuesta a todas las cuestiones" que se les habían planteado por "carecer de la información necesaria para ello".

Así, el recurso señala que los peritos se dedicaron a "aventurar meras hipótesis" sin responder "de forma concluyente" sobre determinados aspectos por "imposibilidad material" y que es "muy llamativo" que el dictamen esté "repleto de verbos condicionales y conjeturas realizadas sobre la base de la información disponible".

De igual modo, UPyD señala que existen diligencias pendientes que impiden decretar el sobreseimiento de la causa, entre ellas, la aportación por parte de Caixabank, en la que se integró Banca Cívica, de un informe en el que se recoja el análisis de las cifras de valoración que tenía la entidad en el proceso de absorción.

Irregularidades en la can

El juez Velasco archivó el pasado día 12 las denuncias que UPyD y la asociación Kontuz presentaron contra directivos de Banca Cívica por la fusión de Caja Navarra, Caja Burgos, Caja Canarias y Cajasol y su posterior salida a Bolsa aunque se inhibió a favor de un juzgado de Pamplona para que éste investigue las presuntas irregularidades cometidas en la Caja de Ahorros de Navarra (CAN).

A la cúpula de Banca Cívica se les atribuían delitos societarios, falsificación, maquinación para alterar el precio de las cosas y falsedad en la información económica financiera.

La Fiscalía también ha recurrido el auto del titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 aunque no cuestiona el archivo provisional de la investigación sino que defiende la competencia de la Audiencia Nacional para investigar las presuntas irregularidades en la CAN y recuerda ahora que "los hechos con apariencia delictiva pudieron ocasionar la existencia de graves fraudes que afectan a los casi 1.000 millones aportados por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB)" para la fusión.

El juez admitió su competencia para investigar a los antiguos gestores de Banca Cívica en marzo de 2013. La querella de UPyD acusaba a los gestores de Caja Navarra de haber incurrido en el cobro indebido de dietas, el falseamiento de la contabilidad, cuentas confeccionada 'ad hoc', minusvaloración de activos, despatrimonialización con inversiones favoreciendo a personas ligadas a las que deciden en la entidad bancaria y compras de terrenos a precios muy superiores a los de mercado.

Búsqueda de liquidez

Todo ello, según UPyD, habría determinado un grado tal de insolvencia que obligó a la caja a buscar liquidez externa por una triple vía: fusión con otras tres cajas bancarias, recabar ayudas públicas del FROB y concurrir al capital privado saliendo a Bolsa, "de modo y manera que lo último es antecedentes y consecuencia de lo primero", según apunta indiciariamente el juez.

Según los denunciantes, el proceso de fusión podría haberse realizado con el objeto de crear la apariencia de una mayor solvencia de las entidades que finalmente conformaron Banca Cívica con una reducción de fondos propios de 2.318 millones de euros y de reservas de 2.141 millones de euros al sacarla a bolsa en julio de 2011, "con el correspondiente quebranto patrimonial".