El Ministerio de Fomento lanzaba este lunes una advertencia: las personas y empresas que realicen transportes de viajeros por cuenta ajena en turismos particulares y cobren por ello tienen que estar previamente autorizadas. De no ser así, las multas podrían ascender hasta los 6.000 euros. Esto ha generado muchas dudas. ¿Se ven afectadas webs como BlaBlaCar o Amovens por esta normativa?

Sin dar nombres concretos, el departamento que dirige Ana Pastor ha explicado a 20minutos que "compartir gastos en un vehículo privado no requiere autorización" y que esta es obligatoria "cuando hay una retribución económica y se convierte en una empresa de transporte de viajeros". Como compartir gastos no necesita permiso admnistrativo, no implicaría sanciones.

Plataformas como las citadas anteriormente se dedican a poner en contacto a conductores que van a hacer un trayecto con personas que están interesadas en ese mismo recorrido con la finalidad de que repartan los gastos del viaje. "Compartir coche no es una actividad económica ni comercial. Controlamos que los precios sean lo suficientemente bajos como para que el conductor no se lucre", apunta Diego Ochoa, responsable de Comunicación de Amovens, en declaraciones a este diario.

Ochoa agrega que si el conductor establece un precio superior a lo razonable, "algo que no es muy común", la propia comunidad de usuarios suele advertir de ello a los responsables de la página. En esos casos, Amovens se pone en contacto con él para determinar si se trata de un error y si no recibe respuesta o no se produce una rebaja de la tarifa se da de baja el perfil.

"Amovens no percibe ninguna comisión sobre esta partición de gastos y no tiene previsto convertirse en un servicio de pago. Así que no hace negocio con los importes intercambiados por los usuarios", señala Diego Hidalgo, fundador y CEO. Hidalgo insiste en que su modelo de negocio "consiste en ofrecer plataformas personalizadas de coche compartido para empresas, universidades y Administraciones públicas interesadas en fomentar esta práctica; y en los patrocinios".

El directivo considera que existe "mucha confusión" y que "se habla a menudo de la regulación del consumo colaborativo como si este concepto respondiera a una realidad única". Él diferencia entre el servicio que ofrece Amovens, activa desde 2009, y el de, por ejemplo, Uber. "Este aviso no va dirigido a plataformas como Amovens, sino a empresas como Uber que promueven un uso profesional, con ánimo de lucro, del transporte de viajeros por particulares", manifiesta en su blog.

También desde BlaBlaCar se intentan alejar del modelo de Uber. "Somos muy diferentes y estamos convencidos que el comunicado de Fomento no se refiere a nosotros", asegura Vicent Rosso, manager para España y Portugal. "El ministerio usó una palabra muy genérica [compartir coche] y esto ha generado dudas, pero hay que explicar los matices, y nosotros somos diferentes tanto en forma como en fondo", puntualiza.

"Sus usuarios [los de Uber] ejercen una actividad profesional cobrando una retribución económica para llevar pasajeros dentro de la ciudad, en distancias muy parecidas a las de taxi", han publicado en su página web. "Los trayectos en BlaBlaCar son de media/ larga distancia, de alrededor de 350 km, y los usuarios sólo perciben una compensación por los gastos del viaje compartido. No hay beneficios".

Uber, presente en 36 países, lleva poco tiempo operando en España y de momento, solo en Barcelona, aunque tiene pretensiones de llegar a otras ciudades. Tiene entre sus inversores a Google y también pone en contacto a particulares para la realización de trayectos urbanos. En este caso se cobra una tarifa base de un euro, a lo que se le suma 0,3 euros por minuto y 0,75 euros por kilómetro. Existe un precio mínimo de tres euros y una penalización de la misma cantidad por cancelación.

La empresa reconoce que se queda con un 20% del beneficio que logra el conductor, según informa Efe. La compañía afirma que todos los pagos son "trazables" porque se realizan con tarjetas de crédito y que el pago de impuestos depende del dueño del vehículo. "La legislación actual no dice que Uber sea ilegal", subrayó Ana Aguilar, una de sus portavoces, en declaraciones recogidas por la agencia. Aguilar resaltó que este tipo de servicios simplemente no están contemplados porque muchas de las normas en vigor datan de antes de la llegada de Internet, por lo que se necesita un nuevo marco legal.

El gremio del taxi no opina lo mismo y ha pedido su retirada al considerar que se fomenta la economía sumergida y la creación de una bolsa de fraude fiscal, pues no existe "control administrativo alguno" sobre los particulares que utilizan la aplicación. El tema ha llegado a la Comisión Europea, que ha rechazado prohibir estos servicios de taxi alternativo. Los taxistas sin embargo no cesan en su lucha y para este miércoles han convocados paros en las principales ciudades europeas, entre ellas Madrid y Barcelona. La huelga arrancará a las seis de este lunes y durará 24 horas.

Con todo, la Generalitat de Cataluña ha decidido de momento abrir un procedimiento sancionador que puede acabar con una sanción de 6.000 euros para la compañía, según ha anunciado este martes el Departamento del conseller Santi Vila. Además de la sanción, el expediente puede acabar con el precinto del vehículo. La Generalitat ha llegado a esta conclusión después de haber tramitado un expediente informativo que concluye que la empresa y las personas que realizan el transporte de forma efectiva infringen la normativa vigente en materia de transporte de viajeros, al no disponer de la autorización pertinente.