El cada vez mayor paro de larga duración y los recortes aplicados a las partidas de gasto en prestaciones por desempleo son algunas de las razones que explican el aumento de las personas sin trabajo que no perciben ningún tipo de subsidio. Según los últimos datos publicados por el Ministerio de Empleo, la tasa de cobertura —el porcentaje que recibe algún tipo de prestación— ha registrado un mínimo de la última década, ya que apenas están protegidos el 57,92% de los parados.

La tasa de cobertura ha ido reduciéndose a medida que ha ido prolongándose la crisis, y ya son más de 1,8 millones los españoles sin empleo y sin ningún tipo de ingreso, según fuentes oficiales. Y es que en mayo de 2010, hace apenas cuatro años, el 79,4% de los desempleados cobraban o bien una prestación o bien un subsidio. "La cobertura creció los primeros dos o tres años de la crisis y desde entonces ha ido cayendo por el efecto del agotamiento. Si la recesión hubiera sido más corta la cobertura se hubiera mantenido alta", explica Carlos García Serrano, investigador de la Universidad de Alcalá.

Así, aproximadamente desde hace cinco años el deterioro ha sido constante, entre otras causas por el agotamiento de las prestaciones de aquellos parados de más larga duración y también "porque aquellos trabajadores que entraban y salían frecuentemente del mercado laboral antes generaban algunas contribuciones, pero con los altos niveles de paro ni siquiera logran acumular cotizaciones intermitentes", resalta el profesor García Serrano. España es el país europeo con mayor gasto social en desempleo, un dato en relación directa con tener el mayor porcentaje de parados por detrás de Grecia.

La continua rebaja en la tasa de cobertura, unida al efecto desánimo de estos parados de larga duración "suponen una combinación nociva a medio y largo plazo para el bienestar del país", advierten desde el sindicato UGT, al tiempo que en un comunicado califican de imprescindible el "reforzar las prestaciones por desempleo, aumentando el grado de protección, tanto a nivel contributivo como asistencial", puntualizan.

En este sentido, en opinión de Marcel Jansen —investigador del Departamento de Análisis Económico de la Universidad Autónoma de Madrid— "la disminución de la cobertura es ciertamente un riesgo porque expone a más personas y hogares al riesgo de exclusión. Pero el mero aumento de las prestaciones no es la solución. Habría que condicionarlas más y mejor a la búsqueda efectiva del trabajo. Y dado la escasez de recursos habría que priorizar muy bien, condicionando cualquier ayuda (es decir, no contributiva) adicional a la renta del hogar", indica.

Para el profesor García Serrano, por su parte, hay varios aspectos de la actual regulación laboral que se podrían modificar para revertir en parte este descenso de la protección por desempleo: "Habría que debatir qué colectivos están cubiertos por el sistema, ya que en ocasiones se dirige a personas que no están paradas, sino que están ya fuera del mercado de trabajo y son inactivos", señala, en alusión a los prejubilados. Al mismo tiempo, en su opinión, habría que incluir a pequeños colectivos marginales que actualmente se quedan fuera de la cobertura por desempleo.

Otro aspecto que abordar, según su experiencia, es el de los incentivos perversos con el que cuentan ciertas empresas a la hora de despedir trabajadores, de forma que una parte de su salario lo perciban, en realidad, por parte de la Administración, vía prestaciones contributivas. "En España hay un problema grave de rotación, de modo que muchas empresas utilizan el sistema de prestaciones por desempleo de forma complementaria a los salarios dentro de su política de remuneración, haciendo que una parte significativa de los trabajadores se muevan de forma continuada entre la ocupación y el desempleo, especialmente en puestos de baja calidad", señala. Para combatir esta práctica fraudulenta, apuesta por implantar un sistema de experience rating, vigente en Estados Unidos, que conlleva que las empresas con más despidos pagan más impuestos. "De esta forma las compañías internalizan parte de sus costes", concluye.

El número de beneficiarios contabilizado en los registros de los servicios públicos de Empleo es de 2.561.238 personas, un 11,7% menos que un año antes. De este total, poco más de un millón de desempleados (1.056.223) son beneficiarios de ayudas contributivas, es decir, que han cotizado para percibirlas. Tal como muestran los datos oficiales, la cuantía media mensual bruta de esta prestación se sitúa en los 815 euros. En mayo de 2010 superaba los 843 euros.

La media nacional esconde unas fuertes diferencias regionales, que superan los 235 euros en función de la provincia de la que se trate. Así, es Gipuzkoa la que registra las prestaciones contributivas más altas. Sus desempleados se embolsan, de media, 930 euros al mes mientras están en el paro. En el otro extremo, los cacereños apenas cobran 693 euros mensuales por parte de los servicios públicos de Empleo.

El resto de pagos públicos en favor de los desempleados se dividen entre prestaciones "asistenciales", formadas por el llamado Subsidio y las rentas agrarias. El primero, con un importe de 426 euros al mes, va dirigido a aquellas personas sin trabajo que hayan agotado su prestación contributiva, tengan más de 55 años y cónyuges o hijos menores de 26 años a su cargo. Por su parte, el subsidio agrario está especialmente destinado a trabajadores eventuales del campo por cuenta ajena de Andalucía y Extremadura.

También se contabiliza la Renta Activa de Inserción, que es la única partida que ha crecido a lo largo de esta crisis: Ahora la perciben unas 260.000 personas, pero en 2010 no llegaban a 50.000 sus beneficiarios, según los datos oficiales. Esta ayuda va destinada a parados menores de 65 años y mayores de 45, que lleven al menos doce meses inscritos en los registros oficiales y que hayan agotado cualquier otra prestación y carezcan de cualquier otro ingreso.

Los datos de cobertura de las prestaciones podrían ser mucho peores de lo que dicen las cifras oficiales elaboradas por el Ministerio de Empleo. Y es que la Fundación 1º de Mayo, dependiente del sindicato Comisiones Obreras, publica una tasa alternativa, a partir de los datos de la Encuesta de Población Activa. De la misma forma que la EPA —estadística de empleo que es considerada oficial para Eurostat— siempre muestra un número mayor de parados (alrededor de un millón), esta "tasa de protección de los parados" cifra en unos cuatro millones los desempleados que no perciben ningún tipo de ingreso.

Tal como muestra el último informe sobre la EPA de esta fundación, la tasa de protección real —que no contabiliza solo a aquellos que se registran en los Sepes— se situaría en un 32,5%. Apenas un tercio estarían cubiertos. Y la tasa es especialmente baja en los colectivos más golpeados por la crisis (ver cuadro inferior). Apenas un 20% de los parados de más larga duración (más de 4 años sin trabajar) percibe algún tipo de prestación, y el porcentaje apenas sube cinco puntos para las personas que llevan en paro entre 2 y 4 años (25,2% de cobertura).

Pese a la utilidad de esta tasa alternativa, investigadores consultados por 20minutos matizan que no es correcta ya que debería obviar del cómputo "los parados totales que no han tenido un empleo anterior", lo que incrementaría el porcentaje de desempleados "cubiertos" en varios puntos. El profesor Jansen sostiene que esta tasa de cobertura "sí es un indicador razonable si queremos medir el riesgo de pobreza de personas activas. Pero para esto ya teníamos los datos sobre los hogares sin trabajo y/o sin renta", puntualiza.

"A medida que aumenta el tiempo en paro, disminuye el número de personas protegidas y, si son mujeres, aún más", constatan los analistas de la Fundación 1º de Mayo, quienes inciden en que la tasa de protección femenina es 10 puntos inferior a la de los hombres. De los más de 3,7 millones de parados de larga duración, el 63% son mujeres. Y de ellas apenas un millón (el 27%) obtiene algún ingreso. Las variables clave que más dificultan la posibilidad de cobrar alguna prestación por desempleo son el tiempo en el paro, la edad (cuanto más jóvenes peor) y el sexo.

Tanto desde CC OO, que habla de una "imperiosa necesidad", como desde UGT urgen al Gobierno a aumentar las partidas en subsidios y prestaciones dada la falta de protección de numerosos colectivos, lo que ha disparado los niveles de población en el umbral de pobreza (un 27% de la población). Entre otras medidas, desde la 1º de Mayo reclaman ampliar la Renta Activa de Inserción "a quienes tienen menos de 45 años y cargas familiares", eliminar la parcialización de los subsidios y que su cuantía siempre sea de un mínimo del 80% del IPREM, rebajar a los 50 años la percepción del subsidio previo a la jubilación y cambiar los topes de la prestación contributiva para que su referencia sea el Salario Mínimo Interprofesional y no el IPREM.

Los últimos estudios acerca del mercado laboral indican que aquellos trabajadores más afectados por el desempleo son a su vez los que más posibilidades tienen de volver a perder su empleo y recurrir a las prestaciones. Existiría así una especie de segmentación en el mercado laboral español, por un lado entre personas con largos periodos de desempleo y empleos de más duración, y por otro entre personas que "frecuentes transiciones entre prestaciones por desempleo y empleos inestables".

Un reciente estudio elaborado por los economistas José M. Arranz y Carlos García Serrano, de la Universidad de Alcalá —Duración y recurrencia en las prestaciones por desempleo— muestra que la recurrencia a la hora de recibir ayudas del paro se incrementaron fuertemente con la crisis: "El 64,8% de los parados que comenzaron a recibir una prestación en 2008 se beneficiaron una vez y posteriormente volvieron a necesitarlas", señalan.

Los parados de larga duración tienen, tal como constatan estos investigadores, un sesgo: "la presencia relativa de mujeres, empleados de más de 45 años, individuos con empleos fijos en empresas pequeñas y procedentes de ciertos sectores (comercio, construcción) es mayor", explican. Además, será más probable encontrar un empleo y volver al paro en un breve periodo para estos colectivos, así como para extranjeros. Y es que según la particular teoría del estigma citada por estos académicos, "los empresarios tienden a usar las anteriores experiencias de las personas durante su desempleo como una señal que indicaría la baja productividad de estos trabajadores", lo que reduciría a su vez sus probabilidades de encontrar un empleo.