La comisión de investigación creada por el Parlamento catalán para analizar la actuación de la banca en Cataluña concluye que hubo "un procedimiento en la emisión y comercialización de participaciones preferentes que podría cumplir los requisitos de lo que puede ser considerado como una estafa", según las conclusiones aprobadas este martes. Por eso, todos los grupos parlamentarios han votado a favor de remitir a la Fiscalía General del Estado las transcripciones de las comparecencias, la documentación aportada y obtenida, y las conclusiones de la comisión.

Esta comisión de investigación, que arrancó hace aproximadamente un año, ha analizado la actuación y la gestión de Caixa Catalunya —ahora CatalunyaCaixa— y las cajas que la formaron; de Unnim y las cajas que dieron lugar a este grupo, de Caixa Laietana y Bankia, o bien de Caixa Penedès, y las conclusiones censuran a algunas de estas entidades por comercializar productos híbridos a clientes "vulnerables", muchos de ellos mayores de 65 años.

Después de haber escuchado el testimonio de unos 90 responsables de las antiguas cajas catalanas, la comisión entiende que se produjo una "vulneración generalizada de los derechos de los consumidores en la emisión y comercialización de participaciones preferentes y productos financieros similares".

Y explica esta práctica por una "actuación premeditada" por parte de aquellas entidades que actualmente tienen abiertos más procesos judiciales y de arbitraje, y también por la "clara falta de atención" en sus funciones de supervisión y control por parte del Banco de España y la Comisión Nacional de Mercado de Valores (CNMV). En ese sentido, cabe recordar que el expresidente de Bankia, Rodrigo Rato, aseguró que la CNMV autorizó el canje de acciones por preferentes durante una de las jornadas más tensasdespués de que el diputado de la CUP David Fernández le llamó "gánster" y le amenazó con arrojarle una sandalia.

El documento, consensuado por CiU y ERC y que será aprobado la próxima semana en el Parlamento catalán, ha contado con el apoyo a algunos puntos por parte de Ciutadans y del PSC, mientras que el PPC se ha inclinado mayoritariamente por el voto en contra por oponerse a la lectura política que hacían estos grupos e ICV-EUiA y la CUP se han desmarcado por verlo insuficiente y han denunciado que no pasaran por la comisión representantes de La Caixa, el BBVA y el Santander.

Asimismo, todos los grupos a excepción del PPC aprobaron "reprobar" a todos aquellos ministros, exministros, altos cargos y antiguos responsables políticos que, pese haber sido citados, se negaron a comparecer ante la comisión "faltando a su deber de colaboración y cooperación entre administraciones". Entre los reprobados figuran el ministro Luis de Guindos y sus antecesores socialistas, Elena Salgado y Pedro Solbes.

Más allá del relato que hacen CiU y ERC de toda la polémica de las preferentes, las conclusiones de la comisión recomiendan "abrir un nuevo proceso de aceptación de procesos de arbitraje para incorporar los casos de afectados por participaciones preferentes y otros productos financieros similares por un valor igual o inferior a los 6.000 euros".

Asimismo, piden que se incrementen los recursos del sistema judicial para abordar estos casos e, incluso, que si corresponde se abran "nuevos juzgados especiales" para ello. El documento de conclusiones también insta al Govern a crear un organismo de protección del cliente bancario independiente del Banco de España.

Aunque el texto, de 73 páginas, también censura que se incluyeran "cláusulas abusivas" en contratos de préstamos hipotecarios y que el marco normativo actual aún "mantiene el desequilibrio en favor de la entidad financiera", no cierra la puerta completamente a los desahucios. Las conclusiones subrayan que "las entidades deberán evitar las ejecuciones hipotecarias que comporten la pérdida de la vivienda optando por esta vía como último recurso".

"Se tendrán que anticipar a la situación del riesgo del crédito y evitar sobreendeudamiento en la renegociación de las condiciones de pago del préstamo hipotecario. Además, el documento insiste en la necesidad de "promover la posibilidad de la dación en pago como mecanismo de liquidación de la deuda".