El Gobierno de Mariano Rajoy ha autorizado este viernes en Consejo de Ministros la contratación de más de 800 vigilantes privados destinados a reforzar la seguridad exterior en las 67 cárceles españolas, con un coste de unos 33 millones de euros, como ya adelantó 20minutos.es hace unas semanas.

La medida ha sido aprobada tras analizar el proyecto piloto puesto en marcha el pasado año en 21 centros penitenciarios con vigilantes de seguridad, encargados de tareas de vigilancia desde puestos fijos, operadores de circuitos cerrados de televisión y control de accesos. Según el Gobierno, el contrato afecta a 67 prisiones e implica 202 puestos de trabajo (181 de veinticuatro horas y 22 de doce horas), lo que supone más de 800 personas empleadas.

Con esta medida, el Ejecutivo pretende optimizar los recursos disponibles y un uso eficiente de los fondos públicos al establecer un reparto de funciones según la competencia, preparación y cualidades del personal, "obteniendo un alto grado de seguridad con los medios disponibles".

Además, se compensa la falta de personal de las fuerzas de seguridad del Estado debido a la disminución de la oferta pública de empleo, y se destina el mayor número de estos a la realización de funciones exclusivas de ellos, como la custodia de presos y penados fuera de los recintos en hospitales o sedes judiciales, o el traslado de internos.

El Gobierno sostiene que hay tareas en la vigilancia de los centros penitenciarios que pueden ser realizadas por vigilantes de seguridad, si bien siempre bajo la supervisión y el control de la Guardia Civil y la Policía Nacional como responsables de la seguridad de cada centro.

El Gobierno ha asegurado que en los diez meses que lleva operativo el proyecto piloto este ha sido positivo, ya que "los servicios prestados han cumplido en su totalidad las condiciones establecidas en el contrato". De todas formas, y como ya contó este periódico, Interior no puede dar información del informe de evaluación del plan porque "está basado en datos operativos y afectan a la seguridad de los centros". Por su parte, el sindicato Acaip critica la falta de transparencia que ha rodeado este proceso de privatización.