Apoyada por todos los grupos parlamentarios a excepción de ERC y BNG, esta medida se establece, tal y como se anunció en su trámite de ponencia, en cumplimiento de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que ha condenado a España por eximir a todas las bibliotecas públicas de cobrar ese canon.

La presidenta de la Comisión, la diputada socialista Clementina Díez de Baldeón, manifestó su satisfacción ante el espíritu positivo y el buen entendimiento que ha posibilitado la incorporación al dictamen de 29 enmiendas transaccionales, que se suman a las 42 de la ponencia. El Gobierno y la comunidades asumirán los costes

El canon por préstamo bibliotecario será asumido por el Ministerio de Cultura y las Comunidades Autónomas -en un porcentaje a convenir-, y "en ningún caso" por el consumidor, según indicó Mario Bedera, diputado socialista.

Este importe afectará a todas las bibliotecas de titularidad pública que presten servicio en municipios de más de cinco mil habitantes, mientras que la cantidad recaudada se destinará en un 70 % a los autores y el resto a los editores, según detalló Bedera, quien aseguró que el establecimiento de este canon "no es algo que el Gobierno haga por gusto".

A pesar de ello, queda por determinar cómo afectará el nuevo canon a la política de compra de las bibliotecas y si podrá tener un efecto negativo sobre los autores más jóvenes y menos leídos.

Beatriz Rodríguez Salmones, portavoz del Grupo Popular en la Comisión de Cultura, calificó la ley de "corta de vuelo", ya que se centra en cuestiones comerciales, aunque también valoró "la actitud abierta y positiva del Gobierno" a la hora de dialogar las enmiendas transaccionales.

El dictamen del proyecto de ley mantiene el precio fijo de los libros, a excepción de los de texto, para los que se decreta libertad de precios frente a los descuentos que se venían aplicando hasta ahora, un punto "sustancial" que el Grupo Socialista no ha accedido a modificar.