El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes el proyecto de ley que modifica la ley de sociedades de capital para lograr la mejora del gobierno corporativo de las empresas. La ley se incorporará posteriormente al código mercantil, que se modificará de forma integral, según ha explicado el ministro de Economía, Luis de Guindos, en la rueda de prensa posterior.

Así, ha añadido que la ley tiene varios objetivos: dar mayor importancia a la junta de accionistas y a los accionistas; favorecer la transparencia; darle capacidad a la junta de accionistas para controlar el tema de las remuneraciones; establecer directrices para conseguir la presencia de mujeres en los consejos, tanto en sociedades cotizadas como no cotizadas; y que todas las sociedades tengan que publicar el plazo medio de pago a proveedores.

En primer lugar, la política de remuneraciones —que deberán ser razonables, acordes con la situación y la rentabilidad de la compañía a largo plazo— será "competencia exclusiva" de la junta general de accionistas y todas las sociedades tendrán que aprobar la cuantía máxima de las remuneraciones anuales, que no se podrá modificar sino por la junta, ha detallado el ministro.

En relación a los consejeros ejecutivos, tendrán que aprobarse por la junta "todos los componentes" de sus remuneraciones, incluidos los variables, las pensiones y las indemnizaciones. Cuando en las cotizadas el presidente y el consejero ejecutivo sean la misma persona, se deberá contar con el voto favorable de dos tercios de los miembros del consejo y se tendrá que nombrar entre los independientes un consejero coordinador.

La junta de cualquier sociedad, además, tendrá que votar los asuntos uno por uno en pos de la transparencia y se ampliarán sus competencias para que dé instrucciones de gestión. Sobre los conflictos de interés, si hay algún consejero al que le afecte alguna decisión, no podrá participar en la misma.

Por otro lado, la duración del cargo de administrador en las sociedades cotizadas se reducirá de 6 a 4 años. Asimismo, se atribuyen en todas las sociedades al consejo decisiones sobre supervisión, que no podrán ser delegadas.

Esto incluye competencias sobre política de gestión y control de riesgos, y dentro de este apartado, las sociedades cotizadas tendrán competencias sobre los riesgos fiscales, es decir, la aprobación de las inversiones u operaciones que tengan especial riesgo fiscal y la determinación de la estrategia fiscal de la sociedad, según explica el Ministerio de Economía en una nota explicativa. En las sociedades cotizadas se deberá llevar una evaluación anual sobre sus funciones.

La comisión de nombramientos en las sociedades cotizadas, ha añadido el ministro De Guindos, establecerá un "objetivo" de representación "equilibrado" para el sexo menos representado, que normalmente suele ser el femenino, según ha indicado el ministro en la rueda de prensa, y la ley incluye también que los procedimientos de selección de consejeros van a tener que "facilitar" el nombramiento de mujeres consejeras.

En las sociedades cotizadas, además, se reducirá del 5% al 3% el capital necesario para ejercer los derechos de las minorías y se reducirá el número máximo de acciones que se podrían exigir para poder asistir a la junta desde el 1 por mil a 1.000 acciones.

La ley obligará a publicar en la memoria de las cuentas anuales el periodo medio de pago a los proveedores. Las sociedades que no sean cotizadas y no presenten cuentas anuales abreviadas publicarán además esta información en su página web, si la tienen. Igualmente, las sociedades anónimas cotizadas deberán publicar en su página web el periodo medio de pago a sus proveedores, según el Ministerio de Economía.

El proyecto de ley, que se remite a las Cortes, incorpora las propuestas de la Comisión de Expertos, presidida por la presidenta de la CNMV, Elvira Rodríguez, y creada hace un año para elaborar un estudio sobre las mejores prácticas en materia de gobierno corporativo e impulsar las iniciativas al respecto.