De mentir o no facilitar los datos, la norma contempla que el trabajador sea inhabilitado durante diez años. Sin embargo, no se tomará represalias contra los que confiesen haber sido confidentes.
Movimiento de desobediencia
Esta legislación ha hecho surgir un movimiento de desobediencia ciudadana, ya que muchos periodistas, entre ellos los más prestigiosos del país, han decidido desacatar la ley y no firmar ninguna declaración.
El argumento principal de los rebeldes es que la nueva norma está ideada para humillar a quienes concierne, porque exige de ellos que se acusen a si mismos so pena de ser castigados con la pérdida del derecho a ejercer su profesión durante diez años.
"Se trata de un pérfido ataque contra la libertad de expresión, contra la libertad de los medios de emplear con libertad a sus periodistas y por eso impugnamos la ley ante el Tribunal Constitucional", informó la Alianza de la Izquierda Democrática.
A partir del 15 de mayo, comenzará la revisión de las declaraciones presentadas por la gente obligada a hacerlo, operación que realizará el Instituto de la Memoria Nacional (IPN), la institución que tiene en sus manos los archivos de la policía y los antiguos servicios secretos comunistas.
Se calcula que el IPN necesitará por lo menos quince años para la revisión de los documentos y eso supone que muchas de las personas afectadas por la ley morirán antes de que se sepa si fueron o no confidentes de la policía.
Control a la Iglesia
La nueva ley también crea problemas a la Iglesia, porque tendrán que someterse a la verificación de las biografías los editores de los 2.000 periódicos parroquiales que aparecen en Polonia y también los autores de los textos que esos periódicos insertan.
Junto a ellos los redactores de la prensa católica, un diario, una docena de semanarios y más de dos decenas de mensuales, así como los periodistas de siete emisoras católicas de radio, entre ellas la ultracatólica y nacionalista "Radio María" y de dos televisiones.
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