El diputado de Foro en la Junta General del Principado de Asturias (JGPA), Albano Longo, ha anunciado este jueves que ha pedido la comparecencia del consejero de Sanidad, Faustino Blanco, porque "la privatización del Servicio de Hemodiálisis del nuevo hospital de Mieres no tiene ningún soporte legal y se ha hecho de espaldas al Consejo de Administración del Servicio de Saludo del Principado de Asturias (Sespa)".

A través de una nota de prensa, Longo ha dicho que el consejero ha manifestado su intención de que el Servicio de Hemodiálisis del nuevo Hospital Álvarez-Buylla de Mieres sea regentado por Cruz Roja, sin haber informado al consejo de administración del Sespa.

"Los conciertos del Sespa con otros centros hospitalarios tienen que ser aprobados por el Consejo de Administración", ha insistido Longo, que asegura que en la última reunión del Consejo de Administración, el pasado 4 de marzo, se aprobó un convenio con Cruz Roja por un importe de más de 16 Millones de euros.

"En dicho convenio se especificaba que la asistencia se prestaría en el Hospital de Cruz Roja de Gijón y el centro de hemodiálisis de Oviedo", ha comentado.

El diputado afirma que los miembros del Consejo de Administración que aprobaron el convenio con Cruz Roja "estaban muy lejos de sospechar que dos semanas después el Consejero iba a anunciar que el Servicio de Hemodiálisis del nuevo Hospital de Mieres iba a ser regentado también por Cruz Roja".

A juicio de Foro, se trata de una decisión "irregular" en la que no se conoce ni el precio de cada tratamiento ni el número de sesiones de hemodiálisis que se harán. "Tampoco se ha convocado ningún concurso público tomándose la decisión de manera caprichosa", ha manifestado.

Longo ha comentado que un convenio de ese tipo "equivaldría la cesión por parte del Sespa de una parte del hospital que se inaugurará próximamente, incluyendo el equipamiento del servicio de hemodiálisis que ha costado 653.000 euros y que se cederá a Cruz Roja".

Ha insistido en que el consejero debe confirmar o desmentir ese plan. "En caso de que ratifique la decisión de la cesión del servicio entrará en una ilegalidad", ha advertido, porque un convenio de esa cuantía no puede ser adjudicado "sin que medie un concurso público".