El vicepresidente y consejero de Educación, Universidades y Sostenibilidad del Gobierno canario, José Miguel Pérez, aseguró que el archipiélago "combatirá los efectos negativos de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) manteniendo el carácter de servicio público esencial de la Educación".

Así lo manifestó durante el encuentro mantenido con los directores de los centros de Educación Secundaria de Gran Canaria para informarles sobre la implantación de la nueva Ley el próximo curso.

En este sentido, el Ejecutivo regional explicó que mantener el carácter de servicio público esencial de la Educación, prolongar el derecho a la Educación Obligatoria hasta los 17 años para todo el alumnado que no supere la reválida de la ESO y garantizar la participación de los Consejos Escolares en la vida académica son algunas de las medidas diseñadas por la Consejería para amortiguar los efectos negativos derivados de la obligada aplicación de la LOMCE.

Pérez recordó que, aunque la comunidad escolar en general y el Ejecutivo canario han mostrado su oposición a la LOMCE, su aplicación es obligatoria y que, siendo así, la Administración autonómica está haciendo un gran esfuerzo para contrarrestar sus efectos perversos.

Garantizar la igualdad de oportunidades

Aquí, señaló que entre las medidas recogidas por la Consejería destacan también el garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso a los centros y mantener la atención a las necesidades educativas del estudiantado durante toda la ESO.

Dentro del paquete de medidas explicado por el consejero hoy destaca, igualmente, que Canarias facilitará que las personas que cursen el título de Formación Profesional Básica (FPB) puedan obtener el título de Graduado en Educación Secundaria, así como uno o más certificados de profesionalidad de nivel1.

Precisamente, sobre la nueva FP Básica, se pronunció José Miguel Pérez declarando que "es una propuesta descabellada, que no va a servir para mejorar el nivel de integración de los alumnos que tienen dificultad".

Para el vicepresidente y consejero, la propuesta ministerial "va a ser en gran medida un despropósito porque va a gastar muchísimos recursos públicos para un supuesto título que es el de menor cualificación que se da en el conjunto del sistema educativo y eso se hace a costa de detraer recursos para la FP de grado medio".