El PSOE y el PP no quieren penalizar a los consumidores de prostitución

PSOE, PP y CIU aprobaron un informe que propone "campañas de sensibilización" contra la prostitución, sin penalizar a los clientes, mientras que IU, Grupo Mixto y ERC acusaron a estos grupos de protagonizar una "huida hacia delante" al no afrontar la regulación o la abolición de la actividad.

La Comisión Mixta para los Derechos de la Mujer del Congreso aprobó este texto preliminar de la ponencia que se votará en Comisión el próximo 17 de abril y que aglutina medidas relativas al fenómeno de la prostitución.

Lourdes Muñoz, del PSOE, explicó que el informe da prioridad a la lucha contra el tráfico y la trata de mujeres con fines de explotación sexual, porque, apuntó, "ésta es la situación del 90%" de las que se dedican a esta actividad en España.

Con este fin, propone "intensificar todas las medidas policiales y judiciales" para combatir a las "organizaciones criminales" dedicadas a este negocio, y apuesta por la creación de "unidades específicas" en los cuerpos de seguridad del Estado.

En el texto no se plantea la existencia de una prostitución "voluntaria", cuya regulación proponían IU y ERC, porque "aunque haya consentimiento" siempre se enmarca en una situación de "vulnerabilidad de las mujeres" y de "explotación", apuntó Muñoz.

Los grupos que suscribieron la propuesta demandan "soportes sociales" que generen "alternativas de vida" para estas "víctimas".

El informe propone la realización de "campañas de sensibilización y educación" en "igualdad de género" y para "cambiar la percepción social" del problema, cuya "carne de cañón", según la representante socialista, son "las mujeres pobres de los países más pobres".

"Hemos tomado la medidas que España puede adoptar en estos momentos", sentenció la diputada, al considerar que este país no está preparado para la regulación o la abolición de la actividad.

IU-ICV, ERC y el Grupo Mixto se posicionaron en contra de una ponencia "superficial" y anunciaron que presentarán "votos particulares" al texto, con un plazo máximo del diez de abril.

Carme García, de ICV, calificó la Comisión de "pérdida de tiempo" y denunció que se haya "perdido una gran oportunidad para abordar la prostitución".

Señaló que su grupo exigirá una "gran responsabilidad" al Gobierno, por permitir que "miles y miles de mujeres, que se dedican a esto, estén siendo explotadas sexualmente".

"El Gobierno sabe que si opta de manera coherente por que no existe la prostitución voluntaria en nuestro país, si lo lleva a la última consecuencia, tendría que plantear la abolición", aseveró, para lamentar que "ni optan por un lado ni por otro" sino por "la vía fácil, que será la de no hacer nada".

José Ramón Urrutia, de EA (Grupo Mixto), tachó la ponencia de "superficial y cobarde" y censuró que España no siga el camino de otros países como Suecia, que estipuló la abolición de la prostitución, o Alemania, Holanda y Francia, que "han tomado posiciones y las llevan a rajatabla".

Puntualizó que este fenómeno tiene un "efecto económico" de un 4% del PIB, con "casi más de 15 millones de demandantes" y con más de medio millón de mujeres dedicadas a ello, el 90%, inmigrantes.

"Regúlese o búsquese la abolición, pero lo que no se puede hacer es una huida hacia delante", esgrimió, algo en lo que coincidió Georgina Oliva, de ERC, agrupación favorable a que se regule esta materia como "cualquier otra actividad económica".

Las prostitutas se sienten ignoradas

Hetaira, el colectivo de defensa de los derechos de las prostitutas, manifestó que las conclusiones son "paternalistas" e ignoran la opinión de estas mujeres que, en su mayoría, dice la organización, ejercen esta profesión voluntariamente.

La psicóloga y cofundadora de Hetaira, Cristina Garizabal, dijo que las conclusiones son "una vergüenza".

Carolina Hernández, prostituta y trabajadora de Hetaira, lamentó el "paternalismo" de las conclusiones y que los parlamentarios "no hayan tenido en cuenta nuestra voz ni nuestras opiniones".

"Han decidido por nosotras, como si fuéramos unas ignorantes sin voz ni voto, pero cuando vamos a votar nadie nos pregunta cuál es nuestra profesión y nuestro voto vale igual", señaló Margarita Carreras, otra trabajadora del sexo, miembro de Hetaira.

Además, criticó Carreras, con esta ponencia "sólo han conseguido que se prolongue la clandestinidad y el estigma de unas mujeres que no vendemos nada, sino que nos limitamos a alquilar nuestro tiempo y nuestro cuerpo, como cualquier otro trabajador" pero sin "derechos laborales, ni sociales, ni humanos".

Por su parte, la secretaria de Igualdad del PSOE, Maribel Montaño, apeló a la prensa a retirar los anuncios de contactos, unos 5.000 semanales en los cuatro principales diarios de pago de tirada nacional.

El diario 20 Minutos decidió dejar de publicar anuncios de este tipo.

Dijo que un "pequeño estudio realizado durante una semana -de lunes a viernes- en los cuatros principales diarios nacionales [de pago], reflejó que el 89,2%de los anuncios eran de mujeres ofreciéndose a hombres, el 10,5% de hombres para hombres y el 0,3% de hombres a mujeres".

Por tanto, "el 99,7% de los compradores de sexo son hombres".

Añadió, por otro lado, que el 90% de las "más 300.000 prostitutas que hay en España -según datos de la Policía Nacional y la Guardia Civil- la mayoría son inmigrantes y con graves problemas socio-económicos y la mayor parte son traficadas con mayor o menor grado de conocimiento" del objetivo de su viaje a este país.

El negocio de la prostitución en España "mueve más de 18.000 millones de euros al año -más de tres billones de la antiguas pesetas- y diariamente más de millón y medio de hombres compran sexo en el país", agregó.

Desde el PSOE "consideramos que no es aceptable que la sociedad que queremos proporcione un mercado sexual de mujeres en su inmensa mayoría inmigrantes y pobres.

Este comportamiento es incompatible con la defensa del derecho a la igualdad, con la defensa del concepto de la dignidad y de los derechos de las mujeres", concluyó.