21 de abril de 2008. Serafín Rodríguez y Carlos Rivas, ambos trabajadores del sector del tranporte y ambos afiliados a un sindicato, acuden cerca de medianoche a una reunión en la viguesa rotonda de Bouzas —entrada del Consorcio de la zona franca de Vigo— junto a unos 70 compañeros. El motivo inicial, conocer el estado de la negociación del convenio colectivo del tranporte. Pero poco después se presenta una caravana de camiones de trabajadores que no han secundado la huelga que entonces estaba convocada.

La reunión se convierte en un piquete y los huelguistas tratan de impedir el paso de los camioneros, que tuvieron que apearse de los vehículos. En esos momentos se lanzaron piedras y otros objetos contra los camiones, causándoles algunos daños. "Enseguida llegó la Policía y les pidieron que se identificaran. A ambos les acusaron de haber tirado las piedras", recuerda Sonia Méndez, la mujer de Serafín.

Así, en apenas unas semanas les llegaron notificaciones con la imputación de sendos delitos "de daños y contra los derechos de los trabajadores. En total, se enfrentaban a penas de entre seis meses y tres años. A pesar de que en el juicio quedó demostrado que mi marido no tiró nada, le mantuvieron el delito contra el derecho de los trabajadores, por lo que le dejaron una pena de tres años de prisión", explica.

Según el tribunal que les juzgó y condenó, el ejercicio del derecho de huelga "no comprende la posibilidad de ejercer sobre los trabajadores no solo la violencia, sino incluso la denominada violencia moral de alcance intimidatorio o coactivo", tal como consta en la sentencia, de mayo de 2011. Dicha resolución fue ratificada posteriormente por el Tribunal Superior de Justicia de Galicia.

A pesar de los múltiples recursos, y a pesar de que no hay más parte denunciante o afectada que la propia Fiscalía, Serafín y Carlos están pendientes de entrar en prisión. Sus familias han enviado una petición de indulto al Gobierno, que viene apoyada por más de 25.000 firmas de ciudadanos y por resoluciones explícitas del Ayuntamiento de Vigo, de la Diputación de Pontevedra y del Parlamento de Galicia, que suscribió la petición de forma unánime.

La juez que lleva el caso decretó la suspensión de su entrada definitiva en prisión hasta que no se resolviera el indulto, si bien la Fiscalía ha presentado esta semana un recurso contra dicha resolución, y exige que sea justificada o, en su defecto, sean llevados a la cárcel. "Antes teníamos esperanza, pero este recurso de la Fiscalía duele como dos bofetones en la cara", lamenta.

El apoyo de sindicatos, partidos y plataformas ciudadanos no se ha hecho esperar, y ya ha sido convocada una nueva manifestación reivindicativa para este jueves. Será en Vigo, a partir de las 19.30 horas, y bajo el lema de "¡Indulto ya!". Las formaciones sindicales tildan de "desproporcionada" la pena impuesta a estos dos trabajadores. "Después de seis años y cuando los dos condenados se hallan absolutamente desvinculados de cualquier acción reivindicativa o sindical desajustada o ilegítima, la entrada en prisión sería rotundamente perjudicial y destructiva para su vida personal y familiar", según refleja la web de UGT en Vigo.

Serafín y Carlos, pese a haberse arrepentido públicamente y haber resarcido las pérdidas infligidas a los afectados, quedan ahora a la espectativa de que la jueza que tramita su caso estime o no el recurso de la Fiscalía. De ser así, entrarían en prisión en un plazo de 10 días tras la resolución judicial. La espera es "una pesadilla, un sinvivir", tal como reconoce Sonia Méndez, esposa de Serafín y madre de dos niñas pequeñas. Y es que una condena contra ellos "sería una condena a todos. Es incomprensible porque condena a dos familias por no hacer absolutamente nada y se quiere condenar a los movimientos sociales y las luchas sindicales", reivindican desde UGT Vigo.