El fiscal coordinador de Seguridad Vial, Bartolomé Vargas, ha advertido hoy de que la presidenta del PP de Madrid y expresidenta de la Comunidad madrileña, Esperanza Aguirre, implicada la pasada semana en un presunto caso de desobediencia a la autoridad, tras ser interceptada por una patrulla de Movilidad por aparcar en un carril bus de la Gran Vía, recibirá el mismo trato que cualquier otro ciudadano.

"Para el Ministerio Fiscal no hay personajes públicos ni privados, todos los ciudadanos son iguales ante la ley en delincuencia vial y todos los ámbitos", ha recordado Vargas, quien en el presente caso, al igual que en otros, la tarea que compete al acusador público es jurídica, examinar el atestado, analizar la prueba, la calificación jurídica...etc.

El fiscal ha explicado que cada asunto es analizado con "la misma atención porque se trata de personas individuales y de intereses sociales puestos en riesgo".

Vargas, quien preside en Valladolid una reunión de coordinación con los fiscales de Seguridad Vial de las nueve provincias de Castilla y León y responsables de la Policía Local y la Guardia Civil, ha realizado una encendida defensa de los importantes pasos obtenidos en los últimos años en la materia y que se han traducido en una modificación sustancial de los hábitos de los conductores al alcanzarse en España una "nueva cultura".

Trágico fin de semana

Pese al trágico fin de semana en las carreteras españolas, el peor de 2014, con una veintena de fallecidos, Bartolomé Vargas, tras reconocer que "cada fallecido duele al Ministerio Fiscal como propio", ha declinado analizar lo ocurrido pues "las valoraciones hay que hacerlas con pausa y midiendo otros parámetros", sin pronunciarse tampoco sobre algunos modelos científicos que incluso ligan el aumento de la siniestralidad con procesos de recuperación económica.

En cualquiera de los casos, el acusador público responsable de Seguridad Vial ha insistido en que es preciso "consolidar" ese cambio de mentalidad de los conductores, objetivo que pasa por aplicar la nueva reforma de la Ley Penal sobre tráfico en ámbitos urbanos que será recogida hoy o mañana en el BOE, lo que "constituye un nuevo concepto de movilidad sostenible, nuevos usos peatonales y protección a colectivos vulnerables".

En este sentido, Vargas, en declaraciones recogidas por Europa Press, plantea abrir, en colaboración con la Policía Local de Castilla y León, un "foro de ideas" para unificar criterios sobre delincuencia vial en ámbitos urbanos, pero al mismo tiempo ha subrayado que la lucha contra la siniestralidad pasa obligatoriamente por la puesta en marcha de una política educativa preventiva en los centros escolares.

Así, el fiscal, pese al nulo éxito obtenido hasta ahora por la fiscalía de sala en su propuesta legislativa de introducir la Seguridad Vial en la Lomce, ha abordado hoy durante el encuentro en Valladolid, con participación, entre otros, del Fiscal Superior de la Comunidad, Manuel Martín Granizo; la fiscal jefe de Valladolid, Esther Pérez Jerez, y el fiscal delegado de Seguridad Vial en la provincia, Enrique de Juan, la posibilidad de implantar en Castilla y León modelos educativos en la materia, en colaboración directa con la Policía Municipal.

"En los países donde se ha avanzado en conciencia vial se ha rebajado la siniestralidad, y se ha logrado a base de esfuerzo en los colegios", ha defendido Vargas.

Sentencias rehabilitadoras

Sobre las penas aplicadas a los implicados en accidentes de tráfico, el fiscal coordinador de Seguridad Vial ha rechazado valorar si las mismas deberían ser más duras y se ha limitado a recordar que la nueva reforma del Código Penal no contempla un endurecimiento sino una despenalización de las faltas.

"La clave está en que no haya impunidad, que quienes infringen la ley penal sepan que van a ser perseguidos por su propio bien y para que no maten a alguien", ha explicado Vargas, quien recuerda que el pasado año se dictaron 97.000 condenas por delitos de peligro en España y que en un 90 por ciento de las mismas hubo conformidad y, a excepción de aquellos casos graves, tuvieron un carácter rehabilitador, consistentes en multas, privación del permiso de conducir y trabajos en beneficio de la comunidad.

En el caso de Castilla y León, el representante de la acusación pública ha subrayado las "buenas pautas de conducción" alcanzadas, como reflejan tanto las cifras de siniestralidad en 2012 como los porcentajes de positivos en controles de alcoholemia y velocidad.