La Policía Nacional ha procedido este domingo a primera hora de la mañana al desalojo de la Corrala Utopía de Sevilla, los pisos localizados en los números 2, 4 y 6 de la avenida de las Juventudes Musicales de la localidad andaluza.

Según ha informado un miembro de la Intercomisión de Vivienda 15M-Sevilla, sobre las 8.00 horas de este domingo ha sido cuando "unos 20 furgones" de la Policía Nacional han cortado el acceso lateral de la carretera de circunvalación SE-30 y han establecido un perímetro de seguridad en torno al edificio.

De esta manera, ha comenzado la operación de desalojo de las familias que ocupan las viviendas, aunque hasta el momento no se ha producido ningún incidente, ya que, según las mismas fuentes, los agentes han ido llamando a las puertas de las casas y ha identificado a cada uno de los ocupantes de las mismas, dándoles un plazo de tiempo para recoger sus pertenencias y abandonar el inmueble. No obstante, "se han derribado las puertas de aquellas viviendas en las que no vivía nadie".

La primera persona en salir fue un hombre con problemas de salud al que se lo han llevado en ambulancia, si bien desde el 15M han indicado que las familias en principio "no tienen ánimo de resistencia".

No obstante, fuentes presenciales han explicado que habrían sido desalojadas unas 23-25 personas aproximadamente del interior del edificio ocupado del que incluso han descolgado un par de los carteles que tenían expuestos en los balcones. Así, a la salida de las familias, se ha originado un tumulto entre un grupo de unas 40-50 personas y los agentes hasta allí desplazados al intentar una mujer sentarse en mitad del paso de peatones para cortar el tráfico rodado. Y es que unas 20 personas han cruzado simultáneamente la avenida, si bien la Policía ha intervenido para impedir este extremo.

De esta manera, fruto del tumulto formado, se ha desencadenado una serie de empujones entre los afectados y los agentes, creándose "momentos de tensión importantes", ya que la Policía ha llegado a decir que "gracias a Dios han conseguido desalojarlos de una vez". En el marco de este suceso, un joven fue detenido por supuestamente atentar contra agentes de la autoridad, según fuentes de la Policía Nacional .

Hasta el lugar han acudido más de un centenar de personas para mostrar su apoyo a estas familias por la situación que están sufriendo y se han escuchado gritos de "vergüenza, un desalojo, otra ocupación", así como reproches e insultos a la Policía.

Los vecinos de las 22 viviendas que han sido desalojados han afirmado tras abandonar los pisos que seguirán "luchando desde la calle" y han afirmado que el desalojo les ha pillado "por sorpresa".

Fueron abandonando el edificio con sus pertenencias y han subrayado que no se les ha ofrecido una solución alternativa, salvo un alojamiento temporal en un albergue del Ayuntamiento que han rechazado: "Prefiero un colchón, lo echas en cualquier lado y duermes", ha afirmado Toñi Rodríguez, una de las desalojadas junto a sus padres y su hija.

Rodríguez ha mostrado su sorpresa por esta actuación y ha explicado que para antes del próximo día 13 esperaban algún resultado de las negociaciones que Junta y Ayuntamiento estaban manteniendo para buscar una solución tras la orden judicial de desalojo, cuya suspensión había sido solicitada por la administración autonómica.

Carmen Ferrer, otra de las ocupantes del bloque junto a sus hijos, ha insistido en que se han visto "sorprendidos", puesto que las autoridades les habían trasladado que iban a respetar la situación actual "mientras estuvieran negociando".

El portavoz de IU en el Ayuntamiento de Sevilla, José Manuel García, —única autoridad que ha acudido al desalojo— ha lamentado que se haya optado por "la peor alternativa posible, que es echar a una treintena de familias a la calle", sobre todo cuando las negociaciones para buscar una solución "iban por buen camino".

Las familias desalojadas se han encerrado en la Catedral de Sevilla, tras haber realizado una marcha a pie desde la Corrala Utopía, donde a primera hora de la mañana de este domingo se ha producido la operación de desalojo forzoso por parte de la Policía Nacional.

Así, fuentes de la Corrala han informado de que pretenden mantener el encierro en el templo "mientras no les propongan una solución". Y es que, como han alertado, "estamos en la calle, nos han echado de las viviendas y ahora no tenemos a donde ir".

"Nuestras opciones son pasar la noche al relente o en la Catedral", han asegurado los afectados, quienes han insistido en que "no se van a ir de la Catedral hasta que no lleguen a un acuerdo las administraciones y les den una solución".

Finalmente los vecinos fueron desalojados también de la Catedral para concentrarse ante las puertas del Ayuntamiento hispalense, desde donde han anunciado que permanecerán hasta conseguir un realojo u otra solución a su situación.

Se ha hecho así efectivo el mandato de la titular del Juzgado de Instrucción número tres de Sevilla, que el pasado mes de febrero había decretaro el desalojo forzoso de estas viviendas de renta libre, propiedad de la entidad bancaria Ibercaja, y habitadas desde hace casi dos años por un colectivo de familias que carece de relación contractual con estos pisos. Este plazo terminó el 18 de marzo.

Las viviendas fueron ocupadas en mayo de 2012 por estas familias alegando su difícil situación socioeconómica y la necesidad de contar con un techo. Días después del mandato judicial, la Junta de Andalucía presentó formalmente en el juzgado un escrito solicitando la suspensión del desalojo, ya que en un encuentro entre el Gobierno andaluz y los vecinos, estos se habían comprometido a abandonar las viviendas en cuanto hubiera "una alternativa".

La Junta explicaba en su petición que el desalojo podía abocar a las familias "a la indigencia" y alertaba de la presencia de menores de edad entre las familias. Además, recogía alguos artículos del Tribunal Europeo de los Derechos Humanos, que también participó en el caso.

Ante esta tesitura, el Grupo de Juristas Independientes 17 de Marzo, que representa al colectivo de familias, elevó al Tribunal Europeo de Derechos Humanos una demanda contra el Reino de España reclamando la suspensión del auto en el que la juez instaba a las fuerzas de seguridad el cumplimiento de la orden de desalojo. Los abogados de estas personas avisaban de la violación de los artículos 3, 8 y 13 de la Convención Europea de Derechos Humanos, relativos a la prohibición de tratos inhumanos o degradantes, el derecho al domicilio que incluye el derecho a una vivienda adecuada y el respeto a la vida privada y familiar.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, tras dar curso a la demanda, reclamó a las autoridades involucradas en el conflicto que aclarasen "¿cuáles son las medidas a adoptar en relación a los demandantes, en especial el niño menor de edad de la primera demandante, teniendo en cuenta su situación de vulnerabilidad, para prevenir la violación de los artículos 3 y 8 de la convención?". La institución, así, se interesaba por las "soluciones" y los "plazos".

En su escrito de respuesta el Ministerio de Justicia detalló el conflicto desde que en mayo de 2012 fuesen ocupadas las viviendas, dando cuenta de que la entidad bancaria ofrece a estas personas su programa de respaldo al alquiler de viviendas 'Llaves solidarias', siendo resuelto el alojamiento de cinco de las familias una vez acreditada "una necesidad real" de vivienda y "riesgos de exclusión social", toda vez que "el resto de familias no han solicitado todavía" la evaluación social necesaria para tal acreditación.

El Ministerio informó de que la Junta de Andalucía construye actualmente un edificio de uso social que estaría listo "en siete meses" y el Ayuntamiento pone a disposición de las familias "sus servicios sociales", que serían además movilizados si finalmente media "un desalojo".

El Ministerio defendió, especialmente, que "si los demandantes no accedían a dejar el edificio voluntariamente", el desalojo efectivo sucedería "en una fecha indeterminada después del 18 de marzo y el Reino de España está en posición de asegurar que si finalmente tiene lugar (el desalojo), ni los demandantes ni los menores eventualmente afectados están en riesgo de exclusión social o desatención social". Finalmente, recordó que la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento han formado un "grupo de trabajo de alto nivel" para solucionar el conflicto.