La ONG Oceana ha logrado que los tribunales obliguen a la Dirección General de Marina Mercante, del Ministerio de Fomento, a facilitar información sobre los vertidos "deliberados" al mar de dos barcos mercantes en 2011 en la zona de Tarragona.

Se trata de los mercantes Burgas 3 y Schackenborg que, presuntamente vertieron ilegalmente al Mediterráneo en 2011. Tras el suceso, la organización internacional de conservación marina solicitó esta información en marzo de 2012 amparándose en la Ley 27/2006 de acceso a la información ambiental, pero tuvo que recurrir a los tribunales para obtenerla.

Para el director ejecutivo de Oceana en Europa, Xavier Pastor, cuesta entender qué interés pueden tener la Capitanía de Tarragona y la Dirección General de la Marina Mercante en "ocultar las sanciones impuestas a dos buques que han realizado vertidos" y ha añadido que esta es "la enésima vez que Oceana tiene que acudir a los tribunales para obtener una información que la ley obliga a facilitar".

"Nos resulta incomprensible que la Administración se niegue a facilitar datos sobre daños provocados al medio ambiente y ampare sistemáticamente a los infractores frente a quienes tratan de saber la verdad", ha manifestado.

En el caso del Burgas 3 y Schackenborg Fomento no respondió pero pese al silencio administrativo, Oceana fue obligada a pagar la correspondiente tasa judicial.

"Cuando la Administración no respeta la Ley 27/2006 nos obligan a acudir a los Tribunales, lo que implica también la exigencia de pagar la tasa judicial, y aunque la justicia ha reconocido nuestro derecho, solo nos devolverán el 60% de la tasa", ha criticado la abogada de Oceana Ana Barreira.

Barreira ha añadido que estas tasas son contrarias al Convenio de Aarhus porque "suponen un obstáculo financiero al acceso a la justicia en materia ambiental".