La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Milagros Marcos, ha atribuido hoy la no renovación del convenio con los Colegios de Abogados de Castilla y León en materia de asistencia jurídica a víctimas de violencia de género a los deficientes resultados obtenidos hasta la fecha, con tan sólo 456 mujeres atendidas en 2013 pese a contar dichas organizaciones colegiales con un presupuesto de 50.000 euros.

Tras las críticas del máximo responsable de los nueve Colegios de Abogados de Castilla y León, Fernando García-Delgado, quien ha denunciado públicamente la privatización del servicio que hasta ahora realizaba gratuitamente el colectivo de letrados, la consejera de Familia ha precisado que la extinción del contrato "no es por problemas de presupuesto sino de modelo", en referencia a su disconformidad con la forma en que el mismo venía siendo prestado.

En este sentido, Marcos, en declaraciones a Europa Press, ha explicado que con el cambio la Junta pretende lograr mejoras en cuanto a "flexibilidad horaria", a fin de que la cita entre el profesional y la víctima se ajuste a las necesidades de ambos y para que el tiempo máximo de espera no supere los siete días desde la petición de cita.

"excesiva rigidez"

"Hasta ahora había una excesiva rigidez y la víctima tenía que amoldarse al horario fijado", lamenta la consejera, quien, entre las mejoras perseguidas, ha añadido que su departamento desea además que el servicio no sólo sea prestado en las nueve capitales, junto con Miranda y Ponferrada, sino extenderlo también a Aranda de Duero, Medina del Campo, Ciudad Rodrígo y Béjar.

Ante el rechazo por parte de los Colegios de Abogados de las nuevas exigencias planteadas por la Administración regional, Marcos, como así ha subrayado, ha optado finalmente por buscar una alternativa en entidades del denominado Tercer Sector que ya venían prestando asesoramiento jurídico, con lo que finalmente la atención de las víctimas de violencia de género ha sido asignada, con un presupuesto de unos 100.000 euros, a la Asociación de Asistencia a Víctimas de Agresiones Sexuales y Violencia Doméstica (Adavas) y Cruz Roja.

Junto a su labor, la consejera ha advertido que las organizaciones colegiales de letrados seguirán con su servicio gratuito de asistencia en el turno de oficio, "algo a lo que están obligadas por ley".

Atención integral

El cambio en el modelo de asistencia también responde al objetivo de la Consejería de ofrecer una atención integral a las víctimas, no sólo jurídica sino también social, de forma que el abogado que presta el servicio no sólo oriente a la mujer en el proceso penal sino que al tiempo le informe sobre el sistema de protección social que tiene a su disposición a fin de facilitar la interposición de la denuncia.

Además, la consejera ha recordado los esfuerzos de la Junta por flexibilizar todos los mecanismos que tienen que ver con las víctimas de violencia de género, tanto a la hora de reclamar la Renta de Ciudadanía, "para lo que no se impone requisito alguno", como para facilitar su inserción laboral e incluso su traslado de una universidad a otra y su alojamiento en una residencia juvenil universitaria.