Los imputados por el asedio al Parlament de Cataluña el 15 de junio del 2011 se han negado a declarar este lunes durante la primera sesión del juicio que tiene lugar a las dependencias de la Audiencia Nacional de San Fernando de Henares. Uno a uno, los 19 imputados presentes en la sala —el vigésimo acusado no ha comparecido y está en busca y captura—, han anunciado que no tenían intención de responder a las preguntas de ninguna de las partes.

En respuesta al juez Fernando Grande-Marlaska y antes de que empezara el interrogatorio, los acusados han afirmado que conocen los hechos de que se los acusa pero que no responderían a las preguntas de la fiscalía y las acusaciones particulares, aunque las han leído y han formulado sus cuestiones, mayoritariamente sobre su participación en los hechos, los insultos y las agresiones que se les atribuyen, y si se reconocen a las imágenes de vídeo y fotografías de aquella jornada.s han preguntado. La defensa no ha hecho preguntas.

Fuera de la sala, dos de los acusados, Antoni Dolz i Alessia Borge, han asegurado a los medios de comunicación que lo que está en juego es el derecho de manifestación de los ciudadanos ante los representantes públicos. Dolz ha agregado que están "indignados" por el hecho de que el Parlament esté personado en esta causa contra ciudadanos que "denuncian los recortes" y ha contrapuesto la "facilidad con la que se practican ciertas pruebas pese a las deficiencias existentes, como las identificaciones personales" con la "dificultad" de juzgar a políticos corruptos.

Para Borge, con este juicio se está intentando "crear un precedente judicial" para recortar las libertades de la población". "Esto es lo que se juzga, no a nosotros, sino el derecho de manifestarse y tener libertad para decir que no estamos de acuerdo", ha agregado Borge, quien ha recordado que la justicia siempre ha dado la razón a los manifestantes en los escraches y al movimiento de Rodea el Congreso. Cabe recordar que los indignados rodearon el Parlament el 15 de junio de 2011 para protestar contra los presupuestos que se aprobaron ese día.

Los hechos se remontan al 15 de junio de 2011, cuando una concentración convocada por el 15M ante el Parlament derivó en situaciones de asedio a más de una decena de parlamentarios, entre ellos Mas, al que se le impidió el paso cuando viajaba en su vehículo oficial, que fue golpeado y zarandeado, y accedió finalmente en helicóptero junto con otros diputados.

Concretamente, los fiscales Teresa Sandoval y José Perals sostienen en su escrito de acusación que durante la manifestación "varios parlamentarios fueron rodeados e increpados por grupos de personas que les impedían el acceso al Parlament, mediante empujones, golpes, lanzamiento de objetos e insultos, creando un fundado temor en su seguridad personal". Por eso, piden 5 años y 6 meses de cárcel y una multa de 7.500 euros para cada uno de ellos por un delito contra las instituciones del Estado en concurso con un delito de atentado contra la autoridad.

Al comienzo de la vista las partes han planteado cuestiones previas, que han sido rechazadas por el tribunal, y la fiscal Teresa Sandoval ha protestado porque se permita declarar por videoconferencia a testigos como Artur Mas y la presidenta del Parlament, Núria de Gispert, y no en persona pues estima necesaria su presencia. De hecho, el Ministerio Público ya se opuso a que el presidente catalán declarara desde el Palau de la Generalitat al entender que no es un simple testigo sino un perjudicado por el asedio.

Las defensas han pedido que sea expulsada del procedimiento la acusación ejercida por Manos Limpias —que pide ocho años de cárcel—y una de ellas se ha opuesto también a la que representa la Generalitat, al estimar en el primer caso que los hechos no constituyen objeto de interés para dicha organización y en el segundo por no haber ocurrido los hechos contra el Ejecutivo catalán sino contra el Parlament.

La Sala ha estimado que no es el momento para expulsar del caso del sindicato ultraderechista —que se ha querellado contra Mas por sus intenciones soberanistas— Manos Limpias y que la personación de la Generalitat —que pide tres años de cárcel, la misma pena que el Parlament— está legitimada pues la sesión parlamentaria del día de los hechos tenía como objeto el control del Gobierno autonómico.

Las defensas también han planteado de forma infructuosa la anulación de las grabaciones al estimar que han podido ser manipuladas, y también se ha cuestionado la competencia de la Audiencia Nacional para juzgar estos hechos e incluso algún abogado ha dicho que ciertas detenciones fueron desproporcionadas e hicieron recordar "épocas franquistas".

En la vista, declararán como testigos por videoconferencia Gispert, Mas y el consejero de Territorio y Sostenibilidad, Santi Vila, desde sus despachos oficiales, así como siete diputados por videoconferencia y otros tres diputados en persona que han optado por acudir a la sede de la Audiencia Nacional de San Fernando de Henares (Madrid).

Estaba previsto que este lunes y el martes declarasen los acusados, todos menos el huido Cristóbal Nicolás Araya, pero como se niegan a responder, el tribunal ha acordado citar para este martes a la mayoría de policías que deben declarar como testigos y mantener, con pequeños cambios, el guión previsto.

De este modo, el miércoles declarará a las 10.00 horas Núria de Gispert. Por la tarde, declararán por videoconferencia los diputados Ana Isabel Marcos i Vilar, Gerard Figueras y Josep Maria Llop y varios mossos d'Esquadra. También lo hará, pero de forma presencial, el exdiputado de Solitaritat Catalana per la Independencia Alfons López Tena.

El juicio continuará el jueves, en principio, con la testifical de Artur Mas por videoconferencia desde la Generalitat, a quien seguirá el conseller Vila y el diputado Jordi Turull también por videoconferencia, y después, de forma presencial, los parlamentarios de ICV-EUiA Salvador Milà y Joan Boada, así como varios policías autonómicos. Para esa tarde, también están previstas las declaraciones por videoconferencia de los diputados Antoni Fernàndez Teixidó, Montserrat Tura y Ernest Maragall.

El juicio continuará el 25 de abril con las testificales de varios testigos de los acontecimientos, incluyendo periodistas, y el 5 de mayo con las conclusiones y la última palabra de los acusados.