El Consejo de Gobierno ha conocido en su reunión de este jueves que, a lo largo del pasado año, se adjudicaron contratos por valor de 187 millones con cláusulas sociales que favorecer la inserción laboral de los colectivos más vulnerables —personas con discapacidad o en riesgo de exclusión social— con especial énfasis en la contratación con los Centros Especiales de Empleo.

El balance de aplicación del acuerdo de julio de 2012 por el que la Junta se comprometía a incorporar aspectos sociales a los procedimientos de contratación pública de la Administración de la Comunidad refleja que en 2013, primer año completo de aplicación del acuerdo, las distintas consejerías adjudicaron por 181,1 millones de euros contratos a empresas que incorporan cláusulas sociales para fomentar el empleo de personas en riesgo de exclusión social o con discapacidad y reservó contratos por valor de más de 5,9 millones para los Centros Especiales de Empleo (CEE).

Esa cuantía de 181,1 millones supone el 64 por ciento del importe total de la contratación, materializada en 925 contratos; respecto a los Centros de Empleo, el compromiso del Ejecutivo autonómico radicaba en reservar para ellos el 6,5 por ciento del importe total de los contratos de la Administración de un catálogo de actividades —limpieza, lavandería, catering, paquetería, imprenta, almacenamiento, jardinería, logística, entre otras—.

Si se compara con la contratación total de estas actividades a lo largo de 2013, se observa que la reserva de contratos supone un 10,9 por ciento de esa contratación, lo que supone que se ha superado en cuatro puntos el objetivo comprometido inicialmente de modo que se han realizado 1.280 contratos a personas con discapacidad en los Centros Especiales de Empleo o en empresas ordinarias.

Casi el 80 por ciento del importe total de los contratos corresponde a lavandería y limpieza, si bien destaca un aumento en otro tipo de actividades respecto a la contratación de 2012 tales como imprenta, gestión, mantenimiento general, venta y distribución.

A esta iniciativa se suma el programa que la Junta desarrolla con entidades del sector de la discapacidad mediante la financiación de itinerarios personalizados para el empleo con el objetivo de que personas con discapacidad logren una "adecuada capacitación" que les permita establecer un proyecto de vida, participar en la economía y en la sociedad, "y que den el salto desde la etapa educativa hasta el mercado laboral".

El objetivo del acuerdo de julio de 2012 es "más amplio" ya que busca impulsar en las empresas una visión "más social" y, para ello, la Junta prima a la hora de adjudicar un contrato a aquellas empresas que incorporen medidas sociales que redunden en el fomento del empleo de personas en riesgo de exclusión social o en la inserción de personas con discapacidad, que fomenten la estabilidad en el empleo o que promocionen la igualdad efectiva entre mujeres y hombres.

Hay cláusulas sociales que establecen alguna consideración especial a las empresas que cumplan determinados aspectos sociales, como por ejemplo superar el porcentaje mínimo legal de personas con discapacidad en su plantilla pero también se establece en los pliegos de cláusulas administrativas particulares otras condiciones especiales, entre ellas, que la plantilla esté formada por un porcentaje de personas en situación de exclusión social o en grave riesgo de estarlo, de desempleados o que presenten importantes dificultades de empleabilidad.

También valora que la plantilla cuente con personas que perciban la Renta Garantizada de Ciudadanía, jóvenes de entre 16 y 30 años que provengan de instituciones de protección de menores, personas con problemas de drogadicción o alcoholismo que estén en proceso de rehabilitación y reinserción social, o parados de larga duración que hayan cumplido ya los 45 años.