La brecha salarial entre hombres y mujeres que trabajan en las administraciones públicas se sitúa al menos en un 14%, por encima de Alemania (7,7%) o los países nórdicos (8%), mientras ellas siguen ascendiendo "como una tortuga" y ellos "como una liebre".

Son algunas de las conclusiones del informe sobre desigualdad en las administraciones públicas que ha presentado este martes la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-F) con motivo del Día Internacional de la Mujer, que se celebra el 8 de marzo.

"Es escandaloso que haya mujeres que llegan a jubilarse con el mismo nivel con el que entraron", ha subrayado la técnica de Igualdad del CSI-F, Mari Ángeles Mur, quien ha recordado que ellas apenas ocupan el 23% de los altos cargos de la administración pública.

La realidad es distinta en los niveles bajos del sector público (15, 16 y 17), donde el 84% de los trabajadores son mujeres, porcentaje que se reduce hasta el 38% en el nivel 30.

Para la secretaria de Igualdad de esta plataforma, Carolina Rodríguez, es necesario conseguir que una mujer ocupe un cargo importante "y nadie se extrañe", y las administraciones públicas deben ser el ejemplo a seguir.

"Debemos ser la punta de lanza en política de igualdad" y modificar los "criterios subjetivos" que benefician al hombre y le permiten ascender más rápido, ha matizado Rodríguez.

Mur ha reivindicado que ninguna mujer tenga que renunciar a su carrera profesional por decidir ser madre, ya que la mayoría sigue soportando la "carga" de atender a las personas dependientes. "No queremos que las mujeres tengan que elegir", ha precisado.

Y es que los altos cargos suelen implicar "horarios imposibles que condicionan la vida familiar", lo que hace que muchas mujeres se queden "estancadas" en un mismo puesto.

Por ello, hay que "unificar criterios" al conceder permisos para conciliar la vida familiar y laboral en ámbitos como el período de lactancia o el cuidado de hijos con enfermedades graves, con independencia del sexo y la situación laboral del cónyuge.

El CSI-F también ha pedido un "protocolo único" en materia de violencia de género que garantice la "máxima protección" de las víctimas, y ha impulsado la creación de un "distintivo de igualdad" para los organismos que avancen en este ámbito, ya que el sector público "no puede mirar para otro lado".

Según Mur, la cita del 8 de marzo permite "poner en valor el trabajo las mujeres en la función pública" y recordar que todavía hay mujeres y hombres que "no cobran igual por realizar un mismo trabajo".